La tensión diplomática entre España y Marruecos por el caso de Aminetu Haidar, a quien Rabat no dejó entrar en El Aaiún y le retiró el pasaporte marroquí, ha tomado en los últimos días nuevas derivas. Por un lado, el Gobierno español ha obtenido el apoyo de la UE y la mediación de EEUU y de la ONU para presionar a Marruecos para que acepte el retorno de Haidar al Sáhara Occidental. Por el otro, IU y varios intelectuales y colectivos han pedido la intervención del rey Juan Carlos para que interceda ante el monarca marroquí para encontrar una solución a la situación creada por la expulsión de la activista prosaharaui.
El Gobierno rechaza la intervención del Rey porque, pese a las buenas relaciones que han mantenido en el pasado las dos monarquías --y que se deterioraron con la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en el 2007--, en caso de fracasar, empeoraría la situación y estropearía la imagen del Monarca. Sin embargo, no sería la primera ocasión en que Juan Carlos asume un papel activo en la cuestión del Sáhara Occidental, aunque, quizá, no guarde un buen recuerdo de la anterior.
Situémonos en 1975. En mayo, llegó a la colonia española la Comisión de Naciones Unidas que en su informe del 15 de octubre constató que la población rechazaba integrarse en Marruecos y Mauritania, se decantaba por la independencia y reconocía como único y legítimo representante al Frente Polisario. Un día después, el Tribunal Internacional de La Haya emitió su dictamen donde, a pesar de reconocer determinados vínculos jurídicos de algunas tribus del territorio con Mauritania y Marruecos, aconsejó celebrar un referendo de autodeterminación tal y como proponían las Naciones Unidas.
Gran operación mediática
A partir de entonces, cuando la opinión pública española estaba más pendiente de la evolución de la enfermedad del dictador que del Sáhara Occidental, los acontecimientos se precipitaron. Hassan II, tras consultarlo con el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, anunció la Marcha Verde --el color del islam-- y miles de civiles desarmados atravesaron días después la frontera llevando en las manos ejemplares del Corán. Empezaba una gran operación mediática destinada a dar cobertura al cambio de la posición española, que hasta entonces había defendido en la ONU la celebración de un referendo de autodeterminación. En los días siguientes, Antonio Carro (ministro de la Presidencia) y José Solís (ministro secretario del Movimiento) viajaron a Marruecos para pactar el calendario de la entrega de la colonia sin que pareciera una claudicación de Madrid.
Sin embargo, Hassan II no renunció a la Marcha Verde, que comenzó el 6 de noviembre. Poco antes, el jefe de Estado en funciones, que no era otro que el príncipe Juan Carlos, efectuó un viaje a El Aaiún, donde el 2 de noviembre proclamó: "España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz .... Deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen". Palabras que se llevó el viento, pues en aquellos momentos ya estaban en Madrid las comisiones mixtas que preparaban en secreto el Acuerdo Tripartito de Madrid (14 de noviembre) y el hombre de confianza de Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal, viajaba a Washington para solicitar la mediación de Kissinger ante el monarca marroquí, que, el día 9, anunció el repliegue de la Marcha Verde hacia Tarfaya (Marruecos). El día 20, el mismo día de la muerte del dictador, el BOE publicó la ley de descolonización, que daba vigencia al Acuerdo de Madrid por el que España renunciaba al Sáhara Occidental y cedía su administración --no la soberanía-- a Marruecos y Mauritania, dejando en nada las palabras del entonces príncipe.
En suma, una descolonización llevada a cabo tarde y mal, que dejó un poso de mala conciencia, frustró las aspiraciones de autodeterminación y contribuyó a dañar las relaciones con Marruecos.
