El ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca ha admitido hoy que pagó unos 70.000 euros al juez Francisco Javier de Urquía después de que éste le pidiera ayuda en la compra de su vivienda, y pensando que ese dinero serviría para que le ayudase en un asunto judicial. Con esta declaración ha comenzado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el juicio que se sigue contra el propio Roca, el magistrado y Arnaud F.A. por una causa desglosada del caso Malaya, en la que el fiscal les acusa de cohecho, entre otros delitos.
El abogado del juez, Antonio González Cuéllar, ha calificado de "absolutamente nuevo e insospechado" el contenido de la declaración de Roca, quien ha desvinculado al tercer acusado, de nacionalidad francesa, del cohecho. Aunque el fiscal mantiene que el juez y Arnaud pidieron a Roca que les ayudara en la compra de la vivienda del magistrado en los primeros meses de 2006, así como que el francés hizo de intermediario en el pago de los 70.000 euros, el ex asesor urbanístico ha asegurado que entregó el dinero directamente a De Urquía.
En ese tiempo, el Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, del que era titular De Urquía hasta que fue suspendido de forma cautelar en julio de 2007 por este caso, era el encargado de la denuncia de Roca contra el dueño de una televisión local marbellí por un presunto delito contra la intimidad y el derecho a la imagen. Por ello, el ex asesor ayudó al juez con gestiones y dinero en la compra de la casa pensando que podría ayudarle con la denuncia, según ha admitido Roca a preguntas del fiscal.
La labor del Ministerio Público está ejercida por el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía, Guillermo Sena, en sustitución del fiscal superior andaluz, Jesús García Calderón, quien ayer se retiró después de que la Sala rechazase su petición de suspender el juicio tras haber planteado la defensa de De Urquía que debía abstenerse por falta de imparcialidad en relación con unas escuchas telefónicas de otro proceso que se sigue contra el juez.
El tribunal también ha desestimado hoy las cuestiones previas planteadas ayer por las defensas, relacionadas también con las grabaciones telefónicas intervenidas, por lo que éstas han hecho constar su "respetuosa protesta". La Fiscalía pide tres años de cárcel, 19 de inhabilitación y 213.000 euros de multa para el juez De Urquía, al que se le imputan los delitos de prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario.
Para Roca y Arnaud, el Ministerio Público solicita la misma pena de prisión, 9 años de suspensión de empleo o cargo público y 177.000 euros de multa como cooperadores necesarios del delito de asesoramiento accidental y por cohecho.
