El Gobierno ha decidido guardarse hasta el último momento la cifra adicional que aportará al conjunto del sistema de financiación autonómica, pero ayer ya avanzó que el punto de partida en esta recta final son 9.000 millones de euros. La cifra la ofreció públicamente ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien desveló la cifra de 9.000 millones, por primera vez de forma oficial por parte del Gobierno, de forma indirecta, al dar el dato de estabilidad presupuestaria del Estado entre el 2010 y el 2012, que incluía la financiación autonómica, con los techos de gasto que pueden asumir en esos años el Gobierno central y las comunidades autónomas, y que deberá aprobar el próximo jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Afirmó que el Gobierno presentará en el 2009 un déficit del -8,1% y que en ese déficit ya estaba incluida la partida de la financiación que cobrarán las autonomías --si se cierra el acuerdo-- con carácter retroactivo de 1 de enero del 2009. Preguntada, precisamente, por la cifra que se había incluido, Salgado anunció que será de 9.000 millones, aunque solo una parte estará consignada en estos presupuestos. La cifra final se alcanzará en tres años.

¿Conclusión? Todo sigue igual. En el horizonte más próximo está el 15 de julio, el plazo máximo que el presidente del Gobierno ofreció --en el reciente pleno del debate del estado de la nación en el Congreso-- para cerrar el acuerdo de financiación.

Cataluña, por su parte, es escéptica. No ve avances. Al margen de la cifra final que pueda poner sobre la mesa la vicepresidenta Salgado, o el propio Rodríguez Zapatero en un intento a la desesperada, queda una cuestión de suma importancia. Tanto como la cantidad adicional, es aún más importante el criterio de distribución de esos recursos.

LA DISTRIBUCION El criterio de distribución es otra de las incógnitas que el Gobierno no ha despejado. Salgado insistió en que en el sistema de financiación lo que importa es el modelo. Y ofreció una nueva cifra. El Gobierno se comprometió a compensar a las comunidades tras la decisión de suprimir el impuesto de Patrimonio, y anunció que avanzará este mismo año 1.800 millones para las autonomías. También se refirió al incremento del impuesto sobre el tabaco y los hidrocarburos, que beneficiarán a las autonomías, porque estas aumentarán --con el nuevo sistema de financiación-- los porcentajes de recaudación en perjuicio del Gobierno central.