La salida temporal de Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, en el caso de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de luz verde mañana a su traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya (Holanda), afectará al desarrollo de las numerosas causas que el juez tramita en el juzgado central de instrucción número 5, entre las que se encuentran el caso Bateragune (entorno de ETA) y el que investiga el entramado de extorsión de la banda.
Además, el juez instruye actualmente el denominado caso Faisán o del chivatazo a los responsables de la citada extorsión, una de las redes de mafia rusa radicadas en España. También tiene abierta la posible corrupción en Cataluña --caso Pretoria-- y otros asuntos como el genocidio en el Sáhara y las torturas en Guantánamo.
Si Garzón es declarado en situación de "servicios especiales" en el TPI, y hasta que el Consejo nombre otro magistrado para su juzgado, lo más probable es que los casos pasen en principio a su compañero Santiago Pedraz, que es su sustituto natural en periodos vacacionales. Posteriormente, el CGPJ deberá sacar a concurso su plaza en la Audiencia aunque en comisión de servicio, ya que la titularidad de la misma seguirá correspondiendo a Garzón.
CAUSAS ECONÓMICAS
En cuanto a causas económicas, Garzón lleva instruyendo desde mayo del 2006 la estafa de Fórum Filatélico, en la que mantiene a más de una veintena de imputados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.
Asimismo, dentro del caso Fórum el juez mantiene abierta una pieza separada en la que investiga la posible conexión de los exdirectivos de la filatélica con la operación marbellí Ballena Blanca, germen del caso Malaya, donde se estudia un presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la Costa del Sol.
Además, Garzón tramita una querella contra el fundador y expresidente Astroc, Enrique Bañuelos, por presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas por maquillar las cuentas anuales del ejercicio 2006, así como la auditoría de la correspondiente a dicho ejercicio, con la intención de mantener el valor bursátil de la inmobiliaria.
LABOR CONTRA ETA
El pasado 10 de febrero, Garzón comunicó al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y a otros ocho dirigentes de la izquierda aberzale su procesamiento en la causa en la que investiga el proyecto Bateragune (Todos Juntos), con el que el entorno de ETA pretendía crear "un referente político" que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.
Los ocho dirigentes están acusados de un presunto delito de integración en organización terrorista después de que fueran detenidos el pasado 13 de octubre. Cinco de ellos --Otegi, Díez Usabiaga, Rodríguez, Zabaleta y Jacinto-- se encuentran en prisión desde entonces.
CHIVATAZO POLICIAL
Uno de los asuntos más polémicos que tramita actualmente Garzón es la investigación de los supuestos autores de un chivatazo policial realizado en el 2006 a personas que estaban siendo investigadas por conformar el aparato de extorsión de la banda. La Fiscalía solicita el archivo de esta causa.
La semana pasada, Garzón tuvo que suspender, por errores en la notificación, el interrogatorio que tenía previsto realizar al exdirector de la Policía Víctor García en una pieza separada del caso Faisán en la que se investiga por qué dos etarras detenidos en Francia en el 2007 tenían su teléfono.
La citación se produjo después la sala de lo penal de este tribunal le obligara a admitir la personación de Dignidad y Justicia, que interpuso una querella contra García Hidalgo y los supuestos etarras Jon Yurrebaso y Kepa Mirena Martínez por colaboración terrorista. Este interrogatorio queda pendiente ahora para el juez que sustituya a Garzón si se produce su marcha a La Haya.
Por otro lado, Garzón también deja pendiente las indagaciones sobre la extorsión terrorista a empresarios vascos. A mediados del pasado mes de febrero, el juez archivó el procedimiento que se seguía contra 14 empresarios que fueron imputados por ceder a la extorsión de la organización terrorista, al considerar que no colaboraron con ETA y que el delito de omisión de la denuncia que se les podría atribuir ha prescrito.
Fuera de su labor contra la banda terrorista ETA y su entorno, Garzón investiga la implantación en España de mafiosos rusos detenidos a raíz de la denominada operación Troika. Esta investigación, iniciada en el 2008, investiga delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación en documento mercantil, contra la hacienda pública, falsedad en documento oficial y simulación de contrato. El cabecilla del grupo sería el supuesto capo de esta organización, Gennadios Petrov.
Además, Garzón se declaró competente el pasado mes de enero para investigar posibles torturas en la base norteamericana de Guantánamo, tras admitir a trámite las querellas de varias asociaciones contra seis responsables jurídicos de la prisión por las presuntas torturas sufridas por cuatro prisioneros, uno de ellos de nacionalidad española.
ADJUDICACIONES IRREGULARES EN SANTA COLOMA
En el ámbito de la corrupción, Garzón dirigía las investigaciones de la denominada operación Pretoria, en la que se desarticuló una presunta trama de adjudicaciones irregulares que habría tenido su epicentro en Santa Coloma de Gramenet y en la que hasta el momento hay 20 imputados, entre ellos, el exlcalde de esta localidad Bartomeu Muñoz (PSC) y los exaltos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, ambos de CiU.
En el campo de la justicia universal, de la que Garzón ha sido siempre uno de sus máximos defensores, su juzgado todavía investiga dos causas. Una de ellas es la que abrió en octubre de 2007 para investigar crímenes cometidos en el Sáhara Occidental y en la que están imputados 13 altos cargos y funcionarios del régimen alauí por un presunto delito de genocidio y el asesinato, las torturas y las lesiones que habrían sufrido un total de 32 personas.
LA FAMILIA DE PINOCHET
Finalmente, entre las causas destacadas de Garzón se encuentra la dirigida contra la familia de Augusto Pinochet. El pasado mes de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional solicitó el pago de una fianza solidaria de 77.348.374 dólares (51.441.746 euros) a la viuda del exdictador chileno, Lucía Hiriart, a su abogado Oscar Custodio Aitken y a dos altos cargos del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso Lira, con objeto de que indemnicen a las víctimas del régimen.
El magistrado les imputa la comisión de delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, según se desprende de un auto fechado el pasado 26 de octubre.
