En el ritmo trepidante que Pedro Sánchez impone a su Gobierno para intentar un cambio político que reconecte con las demandas sociales antes de las elecciones del 2020, nueva declaración de intenciones mientras va anudando apoyos parlamentarios que le garanticen que las medidas estrella se aprueban y trata de forjarse internacionalmente un perfil como mandatario. El último anuncio acelera el pulso a los territorios porque recoge su reivindicación totem: más dinero para poder sufragar los servicios públicos. El jefe del Ejecutivo se comprometió ayer a «mejorar» la financiación de «todas y cada una de las comunidades autónomas»sin aprobar un nuevo modelo integral porque en media legislatura, entiende, no hay tiempo suficiente para filigranas.

Tampoco hay planes concretos sobre la mesa, ni calendario. El Gobierno habla de «voluntad» de resolver la situación siendo «ambiciosos pero realistas» y emplaza a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará próximamente para empezar a tejer unos cambios que los líderes territoriales necesitan ante los comicios autonómicos y municipales de mayo del 2019. Sánchez hizo el anuncio en el Senado, en el vértigo de otra jornada con nombramientos, como el de la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, elegida ahora presidenta del Consejo de Estado. Los suyos en la Cámara Alta, influidos o no por el ambiente mundialero, le hicieron un pasillo a la entrada a su primera sesión de control como presidente, con ovación incluida. Hoy responderá a las preguntas de la oposición en el Congreso y Compromís tendrá la oportunidad de sonsacarle algo más de los cambios en la financiación autonómica.

LAS PRÓXIMAS CITAS / El sábado tiene cita en el Elíseo con el presidente Enmanuel Macron, y en un lugar preferente de la agenda, el presidente afianza sus apoyos parlamentarios.

Por el momento han trascendido dos reuniones, la que mantuvo con el líder del PNV, Andoni Ortuzar, y con el de Podemos, Pablo Iglesias. Entre los próximos encuentros, el presidente Quim Torra y el lendakari Íñigo Urkullu. De los encuentros mantenidos con los nacionalistas vascos y los populistas Sánchez arranca, de momento, sintonía suficiente para llegar con vida hasta las urnas del 2020.

Pero el presidente sabe bien que esa frontera el calendario no es una meta en sí misma y le urge que la ilusión despertada en el espectro progresista por el cambio de Gobierno se materialice en políticas concretas que deberán aprobarse, derogarse o mutar en un Parlamento que llevaba dos años dormitando. El PNV quiere colaborar hasta el fin de la legislatura, Podemos ya ha ofrecido un acuerdo programático, el PDECat huye de un adelanto electoral, espera que el Gobierno levante recursos contra leyes aprobadas en el Parlament y aprecia la decisión de transformar el Valle de los Caídos. Entre las primeras medidas que verá este nuevo Congreso, la proposición de ley para facilitar la eutanasia, que se debatirá la próxima semana.

Dicho de otro modo, Sánchez evidencia que la fase de «gestos» se traduce no solo en una idea etérea de guante de seda sino en políticas concretas de cambio.

Enfrente, Sánchez tiene a Ciudadanos reclamándole en bucle adelanto electoral y a un PP que, mientras elige a su nuevo líder, opta por la oposición frontal en dos ejes: Catalunya y la reforma constitucional. Sánchez les pide lealtad, si no al Gobierno, sí al Estado y critica que fomenten el «agravio territorial».

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, salió en el Senado a defender la necesidad de «dar respuestas» en Cataluña y a argumentar la reforma de la Carta Magna. «Una Constitución que pierde el apoyo y deja de ser referente para la inmensa mayoría es una Constitución más débil», defendió.

El PP trata de llevar al PSOE a la contradicción también recordando promesas electorales de difícil cumplimiento en este contexto, como cambiar la reforma laboral. La titular de Trabajo, Magdalena Valerio, alega que el PSOE «no renuncia a sus principios» sino que tiene «los pies en el suelo» cuando fija como objetivo «restituir el marco de relaciones laborales dinamitado en el 2012 [por el PP]». Entre las próximas medidas que se debatirán en el Congreso, la reivindicación podemista de permisos de paternidad y maternidad iguales, intrasferibles, obligatorios y totalmente pagados, la semana que viene.