Julián Muñoz y otros cinco exconcejales del Ayuntamiento de Marbella entre los años 1995 y 1999 empiezan a clarificar su futuro judicial. Sus abogados han pactado con la fiscalía para evitar los juicios pendientes exclusivamente por la concesión de licencias urbanísticas a cambio de cumplir tres años de cárcel y 10 de inhabilitación. Los afectados son, además de Julián Muñoz, Mario Jiménez, Manuel Calle, Dolores Zurdo, Rafael González y Marisa Alcalá.

Otra decena de concejales del GIL implicados, que estuvieron en el consistorio en el siguiente mandato, de 1999 al 2004, siguen negociando porque esperan probar su inocencia o conmutar la pena por una multa.

La fórmula adoptada, prevista en el Código Penal, establece una sentencia de un año por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triplo de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad, que en este caso serán tres años. Esta fórmula permitirá agilizar los hasta 70 procedimientos que algunos concejales entre 1995 y 2003 tienen pendientes por concesión de licencias urbanísticas.

Los seis exediles podrían ingresar en la cárcel en septiembre. Para la pena de tres años les computará el tiempo que ya han cumplido en prisión por diversas causas urbanísticas, ya que así lo establece la ley al tratarse del mismo tipo de delito, según explicó Ernesto Osuna, representante jurídico de varios de los imputados. "Así lo establece la ley, porque se trata del mismo tipo de delito", subrayó el letrado, que apuntó que han cumplido al menos 12 meses, por lo que les quedaría cerca de dos años de prisión. Este beneficio previsto en el pacto alcanzado ayer no incluye, sin embargo, la prisión preventiva para los implicados también en el caso Malaya .