Rafael Simancas, encendido, arremetió ayer contra el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por negarse a investigar la presunta trama inmobiliaria que, según el PSOE, está detrás de la traición de dos de sus diputados. El candidato socialista a la Comunidad de Madrid atribuyó la actitud de Cardenal a su voluntad de proteger a altos cargos del PP y le advirtió de que puede incurrir en prevaricación.

"Los dirigentes del PP implicados en la trama de Madrid han de ser muy, muy importantes, de primerísimo nivel, como para que el señor Cardenal esté constantemente al borde de la prevaricación para defenderlos, protegerlos y ampararlos", declaró.

DESCONFIANZA EN LA COMISION

De esta manera, el secretario general de la Federación Socialista Madrileña (FSM) volvió a poner en el ojo del huracán a la Fiscalía del Estado. Su exigencia responde a la desconfianza del PSOE en las conclusiones de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. "El PP se está encargando de que su labor no sea muy exitosa y no se pueda esclarecer la verdad", denunció Simancas.

Por ello, la dirección del PSOE "estudiará las eventuales acciones a emprender" contra Cardenal, por entender que mantiene actitudes cercanas a la prevaricación y obstrucción de la justicia.

Simancas también pidió la cabeza del secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada. "Si el PP no fuerza su dimisión, todo el partido asumirá toda la responsabilidad ante los ciudadanos, fundamentalmente Esperanza Aguirre".

CONCLUSIONES ADELANTADAS

A modo de avance, Aguirre adelantó ayer algunas de las conclusiones de su partido sobre la comisión de investigación. La mayoría están presentes en su discurso desde el comienzo de la crisis: la inocencia, la unidad y la coherencia en todo momento del PP; las "luchas fratricidas" en la FSM; y la sospecha de que el PSOE está detrás del espionaje telefónico, a raíz de la revelación de listados de llamadas por parte de dos trabajadores de Telefónica que han sido despedidos.

Aguirre también criticó la exclusividad del acuerdo preelectoral entre Rafael Simancas y la asociación de gestoras de cooperativas Agecovi para construir 50.000 viviendas de protección oficial, pero admitió su error al no denunciarlo en campaña.