El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha instado al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, a que actúe por los hechos ocurridos el pasado 28 de julio en el aeropuerto de El Prat, dado que, según ha dicho, la huelga ilegal de los trabajadores de Iberia pudo haber vulnerado "derechos ciudadanos constitucionalmente reconocidos".El Síndic ha enviado una carta al Defensor del Pueblo solicitándole que intervenga en este asunto, teniendo en cuenta que con el actual marco competencial es esta institución la que tiene autoridad para actuar, al ser el aeropuerto una infraestructura de titularidad y gestión de la administración del Estado.Según Ribó, entre los posibles derechos vulnerados durante los días de caos que vivió El Prat estaría el de la seguridad, al desconocer si se puso en peligro el tráfico aéreo; los derechos de los consumidores y su defensa; el de la libre circulación, ya que se impidió a mucha gente entrar o salir de Barcelona por vía aérea, y el derecho a la propiedad, puesto que muchos viajeros han tardado días en recuperar sus equipajes, si es que lo han hecho.Actuación de oficio"La situación descrita y la información que se desprende de las actuaciones efectuadas por esta institución parecen indicar que se han podido producir graves afectaciones a derechos ciudadanos constitucionalmente reconocidos", ha indicado Ribó en la carta remitida a Múgica.El Síndic ha recordado que su institución abrió una actuación de oficio el pasado 11 de agosto y que ha solicitado información a la Generalitat, a pesar de que no tiene competencias en el aeródromo barcelonés, para que informe de la secuencia de los hechos y las repercusiones que tuvieron las personas afectadas desde el punto de vista de sus derechos.Una de cada diez quejasDesde el 28 de julio hasta el 3 de agosto, un 10% de las llamadas telefónicas y correos electrónicos que ha recibido el Síndic de Greuges hacen referencia a la situación vivida en El Prat el día 28 y los días posteriores, aunque durante todo este mes se han seguido recibiendo llamadas y correos por el mismo tema.Desde el Síndic, ante la falta de competencia, se han derivado todas las consultas a la Agència Catalana de Consum y al Ministerio de Fomento o AENA, como paso previo antes de acudir al Defensor del Pueblo, en referencia a la posible vulneración de los derechos de los viajeros.