Empieza la subasta estatutaria. Tras visitar a todos los presidentes autonómicos, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, concluyó que sólo seis comunidades tenían "voluntad" de reformar sus estatutos: Euskadi, Cataluña, Andalucía, Canarias, Aragón y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, otras seis autonomías han adelantado esta semana su intención de mejorar sus respectivos estatutos, reforma que sólo cinco comunidades renuncian a acometer. Al menos, por ahora.

En la comisión de autonomías del Senado, a raíz de la comparecencia de Sevilla, el pasado jueves se escenificó el debate territorial que se desarrollará durante toda esta legislatura. De acuerdo con las intervenciones de sus representantes, las autonomías se han dividido en tres grupos: las que han decidido revisar sus estatutos; las que se reservan la posibilidad de sumarse al proceso para obtener las mismas competencias que las anteriores; y las que, en principio, no se plantean acometer la reforma.

ACTITUD EXPECTANTE Son sólo cinco las autonomías que renuncian, al menos por ahora y con una actitud expectante, a cambiar sus estatutos: Extremadura y Castilla-La Mancha, controladas por el PSOE; Murcia y Navarra, en manos del Partido Popular; y Cantabria, gobernada por regionalistas y socialistas.

Capítulo aparte merecen Ceuta y Melilla, las cuales, en virtud de un pacto entre PP y PSOE, adquirieron la condición de ciudades autónomas y están dirigidas por alcaldes-presidentes. Pues bien, con un censo de unos 70.000 habitantes cada una, han anunciado su voluntad de convertirse en comunidades autónomas. Aunque la disposición transitoria quinta de la Constitución les abre esta opción, el titular de Administraciones Públicas se muestra receloso: "No es mi primera prioridad".

A Sevilla y su equipo les ha alarmado, aunque no sorprendido, el tono empleado por algunos de los participantes en el debate del pasado jueves en el Senado. Y es que varios consejeros autonómicos del PP advirtieron de que, una vez reabierto el melón de las competencias, sus comunidades no están dispuestas a quedarse atrás.

AGRAVIOS COMPARATIVOS Al rechazar cualquier futuro agravio comparativo, tal vez el más expresivo fue el riojano Alberto Bretón: "No creemos prioritaria la reforma estatutaria, pero, si se va a llevar a cabo, estaremos ahí para defender nuestro derecho a lograr las mismas cotas competenciales que cualquier otra autonomía". Su colega valenciano, el también conservador Alejando Font de Mora, reivindicó el derecho de su comunidad a "aplicar la fotocopiadora" y calcar los estatutos que tengan "un trato preferencial o extraordinario". La carrera está servida. Al Gobierno de Rodríguez Zapatero le preocupa que muchas comunidades empiecen a mirar de reojo a Cataluña. Condenado al fracaso el plan Ibarretxe por su sesgo soberanista, el titular de Administraciones Públicas teme que el Estatuto que en el 2005 saldrá del Parlamento catalán sea el espejo en el que se miren las restantes autonomías para radicalizar sus reivindicaciones.

EL HECHO DIFERENCIAL Ante este riesgo, el ministro garantiza que los nuevos estatutos --igual que los hoy vigentes y la propia Constitución-- serán reflejo de los hechos diferenciales de cada territorio, pero también advierte de que éstos no darán lugar a "discriminaciones" ni a "ventajas injustificadas de unos ciudadanos sobre otros".