Cartas de queja a José María Aznar y duras críticas contra el PP. Así respondió hace dos años el Gobierno socialista andaluz al acuerdo entre el PP y antiguos militantes del GIL para arrebatarle al PSOE la alcaldía de Estepona tras la dimisión del alcalde Antonio Caba, socialista, acusado de relación con el narcotráfico. A punto estuvieron de naufragar los pactos anti-GIL y antitransfuguismo suscritos por PP y PSOE en España.
Sin embargo, tras las elecciones de mayo, el PSOE ha dado un giro radical, aunque previsible, en su posición sobre pactos con exmiembros del GIL. El alcalde de Estepona vuelve a ser un socialista, Antonio Barrientos, quien ha logrado recuperar el sillón tras aliarse con los mismos que tiempo atrás fueron tildados de "fascistas y tránsfugas" por el PSOE. Un cambio que cuenta con el aval del presidente de la Junta de Andalucía y de la ejecutiva federal socialista, Manuel Chaves.
LAS CENIZAS DEL PARTIDO
El nuevo Gobierno municipal de Estepona es fruto de un pacto entre el PSOE, IU y el Partido de Estepona (Pes), una nueva formación política nacida de los restos del GIL. Muchos miembros del Pes son antiguos gilistas y su líder es José Ignacio Crespo, que fue primer teniente de alcalde de Estepona entre 1995 y 1999 por el partido de Jesús Gil. Antes de eso, había militado en el PSOE.
El PSOE sólo puso una condición inamovible para firmar el pacto: que la codiciada delegación de Urbanismo no fuera a parar a manos de los exgilistas. Los socialistas reservaron para sí ese área. "Se trata de una situación diferente", explica Barrientos. "El PP incumplió un pacto anti-GIL acordado por todos los partidos en el ayuntamiento", sostiene, y asegura que los exgilistas que están ahora en el Gobierno local no apoyaron la controvertida moción de censura contra Caba.
El PP fue el partido más votado en la localidad malagueña el 25-M, aunque no logró la mayoría absoluta. Consiguió el apoyo del Partido Andalucista y todo apuntaba a que Rosa Díaz iba a repetir como alcaldesa. Pero la falta de un concejal para obtener la mitad más uno del pleno, que los populares intentaron encontrar en el Pes, dio a última hora un vuelco a la situación. Una llamada desde la sede central del PSOE en Madrid ató una alianza con el Pes que hasta ese momento había sido impensable.
El peculiar pacto ha sido acogido con escepticismo por los populares. Las protestas han llegado al Parlamento andaluz, pero no por boca del PP, sino de la mano de la diputada de Los Verdes Inmaculada Gálvez, aliada de los socialistas en el Gobierno regional. En señal de protesta, Gálvez se ausentó la semana pasada del debate sobre el estado de la comunidad. "Esa mujer (Gálvez) pierde el norte", dice Barrientos.
Barrientos se enfrenta además a una delicada situación. El Tribunal de Cuentas investiga las finanzas del Ayuntamiento de Estepona en la etapa del GIL, a la que se remonta un agujero de 24 millones de euros sin justificar. Una de las empresas municipales investigadas fue dirigida por el gilista renegado y actual aliado del PSOE José Ignacio Crespo, a quien se le exige que explique el destino de 12 millones de euros.
