Con la experiencia de Copenhague a la espalda, ante el viaje a Suiza del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la fiscalía ha optado por medir sus pasos y no pedir directamente al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que acuerde el arresto del expresidente una vez abandone Bélgica. Esta vez ha pedido al juez que se limite la validez de su pasaporte para frenar nuevos desplazamientos por Europa y consultar con Suiza. Así, el Gobierno suizo dijo a la agencia Efe que «no hay ninguna base» para detenerles. El portavoz del Departamento Federal de Justicia suizo, Folco Galli, recordó que el 5 de diciembre el Tribunal Supremo «retiró la orden de detención y entrega europea contra Carles Puigdemont y más personas, entre ellas Meritxell Serret. La decisión sigue vigente».

Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado dos solicitudes en las que sendos ciudadanos catalanes le pedían que, de forma cautelar, suspendiera los requisitos que el Tribunal Constitucional fijó el pasado 27 de enero para una eventual investidura como president de Carles Puigdemont.