El magistrado Pablo Llarena tiene carta blanca para asumir para sí todas las causas abiertas en distintos juzgados y en la Audiencia Nacional en relación con la declaración de independencia y el referéndum ilegal del 1-O. Todas las que se ocupen de hechos que «presenten una naturaleza inescindible» respecto de los que él mismo investiga a raíz de la querella por rebelión interpuesta por la fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa de la cámara catalana. Según fuentes jurídicas, eso será lo que terminará haciendo.

El auto de admisión a trámite de esa querella ya preveía esa posibilidad y dejaba en manos del instructor decidir si debía asumir la competencia «de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación que puedan referirse a hechos inescincibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados».

Al haberse ocupado el Tribunal Supremo únicamente de los aforados -salvo Joan Josep Nuet, único miembro de la mesa querellado que no forma parte de la Diputación Permanente del Parlamento catalán, por lo que perdió su fuero- se interpetró que ello se refería al procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto a la Mesa. Incluso, la causa abierta en ese tribunal contra el Govern se acumularía a la causa abierta por la jueza Carmen Lamela por rebelión contra el depuesto Gobierno.

Pero las cosas cambian y fuentes jurídicas apuntan a que ahora Llarena acabará asumiendo no solo la causa del TSJC, sino también la abierta por la magistrada en la Audiencia Nacional y la del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en la que ya se ha levantado el secreto y la investigación se da por concluida.

Dichas fuentes entienden que previsiblemente el magistrado comience reclamando para sí las causas abiertas en Cataluña antes que la de la Audiencia Nacional para evitar cualquier controversia, ya que en el tribunal madrileño hay diligencias de investigación pendientes, como la información bancaria reclamada por la magistrada sobre las cuentas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

La Sala de lo Penal de la Audiencia respaldó ayer esta pesquisa, al igual que la competencia de la Audiencia para investigar lo ocurrido los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona en los que una concentración obstaculizó la labor de la comisión judicial enviada a registrar la sede de la Consejería de Economía por la operación Anubis.

También está en manos de la Sala de lo Penal el recurso presentado por los presidentes de ambas entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart contra su ingreso en prisión el pasado 16 de octubre. De momento, sólo se sabe que seguirán en la cárcel, pero aún no se conocen sus argumentos.