Baltasar Garzón está a punto de dar un salto en su carrera al pasar de ser un magistrado admirado y con fama mundial a un reo por prevaricación por haber investigado los crímenes de Franco. El Tribunal Supremo ordenó ayer al juez Luciano Varela que continúe el proceso contra él porque su decisión de considerar que ha delinquido "no es arbitraria, ilógica o absurda".

La decisión fue tomada por cinco jueces de la sala penal que aprobaron el texto redactado por Adolfo Prego, que se ha manifestado en contra de la ley de memoria histórica. En su resolución, deja sin respuesta todos los alegatos presentados por el abogado del juez, Gonzalo Martínez Fresneda, quien defendió la decisión de su cliente de investigar estos crímenes franquistas.

Por contra, los jueces optan por una resolución de estricto derecho procesal y evitan pronunciarse sobre el fondo del asunto para evitar "contaminarse", y así poder ser ellos los que le juzguen en cuanto Varela dicte auto de apertura de juicio oral, una decisión que provocará la suspensión del magistrado.

EL FUTURO Antes de que Varela dicte esta resolución tendrá que adoptar otras medidas procesales que pueden, de nuevo, ser recurridas ante la sala penal. También tendrá que pronunciarse sobre la petición de Garzón, quien le propuso que llamara a declarar como testigos a especialistas en justicia universal y al fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, quien recurrió la mayoría de decisiones de Garzón.

Precisamente, la posición de la fiscalía de la Audiencia es uno de los elementos esenciales del proceso que tramita Varela, que reprocha al juez que no haya seguido el criterio del fiscal y de haberse saltado la ley de amnistía de 1977 y la ley de memoria histórica. Sin embargo, el juez del Supremo está imitando el comportamiento de su colega de la Audiencia Nacional porque ha hecho oídos sordos a los informes del ministerio público que le han pedido reiteradamente que archive este caso.

Por contra, Varela se ha rendido a las peticiones del sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las Jons y ha dejado fuera del proceso a las víctimas de la dictadura.

Baltasar Garzón recibió la noticia en Sevilla, donde se había trasladado para impartir una conferencia. Ante los periodistas proclamó su inocencia y defendió su trabajo. También subrayó que no teme sentarse "en el banquillo de los acusados". Y agregó que a "muchas personas" les gustará "ver esta imagen".

LA REACCION También añadió: "Los jueces, como cualquier otro ciudadano, debemos cumplir las normas, pues la aplicación de las leyes y del Estado de derecho es igual para todos". Asimismo, lamentó su actual situación: "Me toca estar en esta posición, aunque creo que no es la que debería tener, pero la asumo y me defenderé; demostraré que la inocencia siempre ha presidido mi actuación".

Con esta decisión del Tribunal Supremo se estrecha el cerco para acabar con la carrera judicial de Garzón. El juez de la Audiencia tiene pendientes otras dos querellas. El próximo día 15 declarará como imputado en la querella que tramita el magistrado conservador Manuel Marchena para averiguar si pidió fondos al Banco Santander para financiar dos cursos que organizó en la Universidad de Nueva York.

OTROS CASOS Además, ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio más argumentos al magistrado Jorge Alberto Barreiros para llamarle también a declarar por la querella presentada por el abogado de uno de los imputados del caso Gürtel. La suerte está echada y parece inevitable que Garzón salga de su despacho y dedique su energía a preparar su múltiple defensa.