El Tribunal Supremo (TS) asestó ayer un golpe casi definitivo a la carrera judicial de Baltasar Garzón. El alto tribunal admitió a trámite la querella presentada por el abogado de uno de los imputados en el caso Gürtel contra el magistrado de la Audiencia Nacional por prevaricación y contra las garantías de la intimidad por autorizar la grabación de las conversaciones que los tres principales implicados en la trama corrupta vinculada al PP mantuvieron con su abogados estando en prisión.

Con esta decisión, lo más probable es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acuerde la suspensión del juez en los próximos días hasta que resuelva sus problemas con la justicia. Garzón declaró ayer a este diario que no piensa abandonar voluntariamente la carrera judicial. "Me reafirmo en que voy a seguir trabajando por la justicia, que no me voy a marchar, que soy absolutamente inocente, y lo voy a demostrar", añadió.

El abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri --uno de los imputados en el caso Gürtel --, presentó la querella al entender que la grabación de una charla de su cliente con Francisco Correa en la cárcel de Soto del Real (Madrid) vulneraba sus derechos. Garzón justificó la medida porque existían sospechas de que los letrados "podrían estar aprovechando su condición en claro interés de la propia organización".

ALEGACION INSUFICIENTE El TS interpreta que esta alegación es insuficiente, ya que sostiene que la ley solo faculta la intervención de las conversaciones de los abogados con sus clientes en casos de terrorismo. Por ello, los jueces afirman que la demanda es "plenamente verosímil" y que, en este momento, no pueden excluir "con toda certeza la hipótesis de la inexistencia de los delitos" denunciados.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aún tiene que resolver los recursos presentados por los abogados de los implicados en la trama, que han solicitado la nulidad de la instrucción de Garzón por considerar que las escuchas acordadas por el juez de la Audiencia Nacional son ilegales. El actual instructor del caso Gürtel , el juez Antonio Pedreira, avaló recientemente la actuación de su colega.

El Supremo considera, no obstante, que este hecho no le impide investigar si Garzón cometió un delito por ordenar las grabaciones y rechaza que su decisión pueda influir en la evaluación que realice el TSJM sobre la validez de esta prueba. En cualquier caso, el PP se mostró ayer pletórico por la decisión del tribunal, ya que su estrategia de repetir el éxito del caso Naseiro --otro caso de corrupción que salpicó a los conservadores y que quedó en nada después de que el TS declarara nulas las escuchas telefónicas-- se han incrementado.

PARTE OFENDIDA Además, Peláez actuará en este caso como parte ofendida, ya que "las acciones delictivas consistirían en la previa decisión y escucha de unas conversaciones de las que formó parte", según el tribunal.

Esta querella se suma a las otras dos contra Garzón en el TS, una por investigar los crímenes del franquismo y otra para averiguar si pidió dinero al Banco Santander para financiar unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York. Es la primera vez que un juez se enfrenta a tres querellas en el TS.

Fuentes judiciales lamentaron la situación de Garzón y reclamaron que al resto de jueces se les apliquen las mismas reglas que a su colega. Según las mismas fuentes, "ser un juez de instrucción se ha convertido en una profesión de alto riesgo".