El Tribunal Supremo declaró ayer nulos los seis acuerdos del Parlamento vasco en los que impidieron la disolución del grupo parlamentario de Batasuna y en los que acordaron seguir subvencionando sus actividades. El alto tribunal considera que esas decisiones han sido tomadas "con arbitrariedad" y por finalidades "políticas".

El Supremo intenta desde marzo que se ejecute su decisión de ilegalizar el grupo parlamentario de Batasuna, rebautizado como Sozialista Abertzaleak, por considerarlo un instrumento de ETA. Desde entonces, ha exigido al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV), que disuelva el grupo encabezado por Arnaldo Otegi y que lo integre en el Mixto, donde los diputados conservan sus prerrogativas.

MANDATO INCUMPLIDO

Sin embargo, Atutxa se ha negado a cumplir ese mandato porque considera que prevalece la autonomía parlamentaria. La Mesa de la Cámara acordó el pasado 9 de septiembre que el grupo de Otegi tiene derecho a cobrar subvenciones, pero Batasuna no las cobra desde junio porque el interventor del Parlamento rechaza hacerlas efectivas para no contravenir las órdenes judiciales.

Ante esta situación, el Gobierno pidió que los acuerdos en los que participe el grupo de Otegi sean declarados nulos con el objeto de dificultar los trabajos de la Cámara vasca que necesiten el apoyo de Sozialista Abertzaleak, como la aprobación de leyes o el plan Ibarretxe .

Los jueces han asumido esa tesis y han decidido anular esos acuerdos en una resolución en la que, de nuevo, descalifican la actuación de Atutxa. No le recuerdan que Sozialista Abertzaleak es la expresión política de ETA pero le acusan de presidir un órgano "defectuosa e ilegalmente constituido".

Para el Supremo, la inserción del grupo de Otegi "en cualquier órgano parlamentario" produce "la consecuencia de viciar de origen, con nulidad de pleno derecho, cuantos acuerdos pueda adoptar". Para el alto tribunal, el de Batasuna "es un grupo inexistente para el Derecho" al haber sido ilegalizado el partido que lo sustentó. Por ello, los jueces creen que "todo producto jurídico que sea alumbrado" con la participación de Batasuna "es radicalmente nulo".

El alto tribunal atribuye la actuación de Atutxa a "una pura toma de posición política encaminada a impedir" la disolución del grupo de Otegi. Para el Supremo, este conflicto se produce por la negativa del Parlamento vasco de limitarse "simplemente a materializar" su decisión de disolver Sozialista Abertzaleak.

Por ello, advierten a Atutxa de que esa actitud puede derivar "en responsabilidades de todo orden", es decir, no descartan la vía penal contra él si, de nuevo, se incumple su mandato. La fiscalía ya presentó una querella contra él y otros dos diputados.