El Tribunal Supremo ordenó ayer al Estado abonar 1,81 millones de euros (unos 310 millones de las antiguas pesetas) a Batasuna, al considerar que esa fuerza política ahora ilegalizada tiene derecho a percibir una subvención por haber contado con representación parlamentaria en el Congreso entre los años 1990 y 1992.

Puesto que los parlamentarios no acudían a las sesiones de la Cámara baja, el Supremo explica que la subvención no se puede vincular a la presencia física de los diputados en el hemiciclo, al no ser una subvención "destinada a la actividad de los grupos parlamentarios".

No obstante, el alto tribunal ha ordenado que ese dinero sea remitido a la sala especial del Supremo para que lo integre en el proceso de liquidación económica que soporta Batasuna desde que fue ilegalizada, por considerar los jueces que se trata de un instrumento de ETA.