No hay delito. El Tribunal Supremo rechazó ayer que la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, haya cometido un delito de actos prohibidos por haber hablado con una abogada --presa por el asesinato de su marido-- a la que facilitó el nombre de dos personas que podían asesorarla en una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil por orden judicial.

Los hechos se remontan al 17 de abril del 2007. Ese día, a las 21.27 horas, Casas llamó a María Dolores Martín Pozo, conocida de una de sus vecinas. En la conversación, la presidenta del Constitucional se interesó por su situación personal, ya que la letrada sostenía que había sido maltratada por su marido, al que acusaba de abusar sexualmente de su hija. Casas se enteró entonces de que el marido de la letrada había fallecido en circunstancias extrañas. La presidenta del TC puso fin a la charla explicando a la abogada que no podía hacer nada, pero le indicó: "Si alguna vez va en amparo pues me vuelva a llamar".

Un año más tarde, el pasado 26 de mayo, la juez de Valdemoro Belén Pérez Fuentes se dirigió al Supremo. La magistrada entendía que Casas podía haber incurrido en un delito de actos prohibidos por haber realizado "aparentemente asesoramiento" a la letrada "sobre la forma de interponer recurso de amparo ante el mencionado tribunal, del que ella sería parte".

Pues bien, cinco jueces del Supremo sostienen que en la conversación "se deslizan expresiones que se ajustan sin dificultad a los módulos de adecuación social generalmente admitidos". Añaden que los comentarios sobre "las incidencias procesales" de un caso e incluso "la indicación del recurso de amparo como vía posible" de impugnación de resoluciones de tribunales inferiores "no puede considerarse, sin más, un hecho delictivo".

Asimismo, el alto tribunal rechaza que la charla se pueda entender como un asesoramiento, ya que el intercambio de comentarios entre Casas y la abogada no reúne esa acción. "No todo consejo emanado de una autoridad o funcionario público puede reputarse delictivo", subrayan. Y aclaran que solo alcanzan esa categoría "los que comprometen la imparcialidad" al menoscabar el deber de exclusividad o provocar una interferencia entre los intereses privados y los públicos.

Fuentes del alto tribunal no descartan que Casas o el pleno del Constitucional ofrezcan explicaciones tras conocer la decisión del Supremo. Esas fuentes han explicado que los jueces están "indignados" por este caso.

LA REACCION Los magistrados piensan que tras este proceso se busca dañar a la institución. "El tribunal --explican-- ha sido sometido a un acoso inmoral desde que empezó a debatir el recurso del PP contra el Estatut de Cataluña". Y culpan a los populares y al Gobierno del deterioro del tribunal. Por ello, han ofrecido su apoyo incondicional y unánime a Casas. Por su parte, el diputado del PP Federico Trillo dijo, tras conocerse la decisión del Supremo, que todavía era más necesario que Casas dé una "explicación satisfactoria" sobre este asunto.