El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al alcalde de Vila-Real, Manuel Vilanova (PP), a un año y medio de prisión y a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación al consentir, "de forma deliberada", la emisión ilegal de ruidos de una empresa, que generó numerosas quejas vecinales.
Según indica una sentencia hecha pública hoy, que además condena a dos años de prisión al gerente de le empresa Rocersa por un delito medioambiental, el alcalde "se situó al lado de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo que actuaba y vulneraba la legalidad que regula la emisión de ruidos".
El Supremo "desestima la opción de multa" al considerar que "sería satisfecha incluso con cargo a las arcas municipales, agravando la situación de los vecinos", y considera que la citada pena es la que se ajusta "a la gravedad de su conducta".
