El Tribunal Supremo ha necesitado casi cuatro meses para confirmar que va a juzgar al magistrado Baltasar Garzón por prevaricación por haber investigado los crímenes del franquismo y las fosas de la guerra civil. La sala penal rechazó ayer el recurso presentado por el togado contra la decisión del instructor Luciano Varela de sentarle en el banquillo. El juicio se celebrará en los próximos meses después de que se elija al nuevo presidente de esta sala.

Luciano Varela decidió enjuiciar a su colega de la Audiencia Nacional en mayo, 24 horas después de que Garzón pidiera permiso para trasladarse a La Haya y unos días antes de que fuera suspendido. En esta ocasión, le invadió una fiebre resolutiva, ya que dictó en el mismo día siete resoluciones en las que rechazó los recursos que le habían presentado Garzón, el sindicato Manos Limpias y la Falange. Desde entonces, el Supremo no había movido un papel y ayer se despachó con la confirmación de la decisión de Varela de juzgar al togado de la Audiencia.

En la resolución, el magistrado Adolfo Prego, que se ha declarado contrario a la ley de la memoria histórica, defiende la actuación de Varela y afirma que su decisión de sentar en el banquillo a Garzón "no es ilógica ni arbitraria". También avala que su subordinado se haya negado a practicar ni una sola de las pruebas pedidas por Garzón. En su opinión, el Supremo no está para oír el testimonio de expertos en derecho internacional como la exfiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte porque es "una pericia jurídica improcedente ante un tribunal".

Poco más explica el Supremo en una resolución en la que trata de mostrarse lo más frío e imparcial posible para evitar que se pueda acusar a los cinco jueces que la firman de haberse contaminado y así poder presidir el juicio. Por ello, el alto tribunal sostiene que su labor se limita "a la pura fiscalización o control de legalidad" y esquiva realizar "un nuevo juicio valorativo" para evitar "un prejuicio contaminante".

Tras esta decisión, el juicio a Garzón se acelera, aunque antes la sala penal tendrá que resolver más recursos. Falange le ha pedido que le permita acusar a Garzón tras la expulsión del proceso por Varela y el togado de la Audiencia ha reclamado la nulidad después de que Varela tutelase el escrito de acusación de Manos Limpias.

LA PRESIDENCIA La sala penal se enfrenta en los próximos días a la renovación de su presidente. El actual, Juan Saavedra, y el progresista Joaquín Giménez optan a una de las plazas más codiciadas de la carrera judicial. El próximo día 15 tendrá que presentar sus propuestas ante la comisión de calificación del Consejo del Poder Judicial. El futuro de Garzón no depende de este nombramiento. Más bien parece que su suerte ya está echada.