El Tribunal Supremo ha propinado un rapapolvo al Constitucional en una sentencia histórica que evidencia el choque entre ambas instancias judiciales. La sala de lo civil del Supremo justificó ayer la condena dictada contra 11 magistrados del Constitucional por rechazar el recurso de un abogado que denunció la designación a dedo de los letrados de ese tribunal. La sentencia les reprocha una "conducta judicial absolutamente rechazable, desde el punto de vista profesional" y de una "ignorancia inexcusable" y les condena a pagar 500 euros cada uno.

CONDUCTA ANTIJURIDICA El Supremo sostiene que sus colegas del Constitucional tuvieron una "conducta absolutamente antijurídica" cuando no admitieron la demanda de amparo del abogado José Luis Mazón el 18 de julio del 2002. Los 11 magistrados del Constitucional rechazaron esa demanda porque el abogado les pidió que fuera resuelta por otros jueces, ya que ellos estaban implicados en el conflicto al haber designado a sus letrados.

Para el Supremo, la decisión de sus compañeros fue una negativa "lisa y llana" a resolver "una petición de amparo so pretexto de que iba dirigida a un hipotético tribunal". Además, según la sentencia, no se pronunciaron sobre la pretensión del letrado, es decir, sobre su posible contaminación para resolver este asunto.

La sentencia reprocha a los magistrados que rechazaran la petición del abogado "sin aducir razón alguna que fundamente o motive seriamente" su posición. Por esa razón, concluye que no se dio "respuesta a la pretensión de amparo", a pesar de que la Constitución "garantiza a todos los ciudadanos su derecho a obtener una respuesta judicial motivada y razonable".

Por tanto, el Tribunal Supremo asegura que los magistrados del Constitucional han incurrido en una negligencia "basada en una actuación sin la diligencia debida", a pesar de "estar en posesión de unos conocimientos jurídicos adecuados". Por eso les acusa de cometer una "ignorancia inexcusable".

EL ARGUMENTO Tras este rapapolvo, el TS justifica la imposición de una indemnización al letrado porque "se le ha causado un daño moral", ya que el Constitucional ha provocado "que se tambaleen sus creencias como ciudadano de un Estado social y democrático que propugna la justicia como valor superior".

Esta sentencia cuenta con el voto particular del juez Francisco Marín, que era partidario de actuar contra Mazón por los términos de su demanda contra el Constitucional. Marín defiende la actuación de los magistrados condenados al considerar que la demanda del letrado era inadmisible. La compara con la de un litigante que pide una declaración de propiedad sobre las estrellas. "El juez que examine esa pretensión podrá rechazarla (...) por carecer de jurisdicción sobre el espacio sideral (...), pero esa decisión no habrá causado perjuicio indemnizable al demandante", apostilla.