Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo necesitan más tiempo para resolver una cuestión fundamental para el proceso de paz: determinar si la organización juvenil Jarrai y sus sucesoras Haika y Segi, acusadas por el fiscal de promover la violencia callejera, son organizaciones terroristas o meras asociaciones ilícitas, como estableció la Audiencia Nacional en junio del 2005. La sala aumentó hasta el 18 de enero el tiempo de que dispone para tomar una decisión que sentará precedente sobre el resto de casos abiertos contra el entramado de ETA.
El presidente de la sala segunda, Juan Saavedra, y los magistrados Joaquín Giménez García, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero Menéndez y Francisco Monterde Ferrer, que será el ponente de la sentencia, emitieron ayer un auto en el que explican que en los 10 días que la ley les permite estar deliberando --hasta el 30 de noviembre-- no prevén llegar a un acuerdo, dada la "gran complejidad" del recurso, y que por eso prorrogan 30 días hábiles, hasta el 18 de enero, el plazo para su dictamen.
GRAN VOLUMEN Los magistrados argumentan que la causa ha alcanzado un gran volumen (más de 30.000 folios) dada la problemática "fáctica y jurídica" esgrimida por las partes. El auto precisa que solo la defensa ha presentado 71 motivos de casación, a los que hay que sumar los de la acusación pública y los de la acusación popular, en manos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
COMPARACION Mientras tanto, el vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Pablo González comparó ayer en el diario El Correo los actos de apoyo al lendakari Juan José Ibarretxe y a los líderes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares --por sus reuniones con Batasuna-- con las "peregrinaciones" de socialistas a la cárcel en solidaridad con José Barrionuevo y Rafael Vera.
