El Tribunal Supremo remitió ayer a la fiscalía la negativa del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, la antigua Batasuna, para que "inicie las acciones penales correspondientes". Además, los magistrados acordaron adoptar una serie de medidas que impidan el funcionamiento del grupo de Arnaldo Otegi en la Cámara vasca, como la paralización de las subvenciones.
La decisión fue adoptada por unanimidad. Los magistrados de la sala especial del alto tribunal se limitaron a remitir el escrito de Atutxa al fiscal sin concretar los posibles delitos cometidos, ya que han preferido dejar las manos libres al fiscal. No obstante, fuentes consultadas apuntaron que la fiscalía puede imputar a Atutxa un delito de desobediencia, aunque también baraja un delito de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta) y una usurpación de funciones por negarse a acatar el mandato judicial.
Las posibles acciones penales alcanzarían también a los miembros de la Mesa del Parlamento vasco. Según el Supremo, ellos y Atutxa son los responsables de controlar el funcionamiento de los grupos parlamentarios y, por tanto, en ellos recae el incumplimiento de su orden. Si se añade la junta de portavoces parlamentarios, a los que Atutxa traspasó la decisión última en una maniobra política, lo decidirá la fiscalía.
Si el fiscal decide, como es previsible, presentar la querella contra Atutxa, deberá hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dada la condición de aforado del presidente de la Cámara de Vitoria.
Los delitos que puedan imputarse a Atutxa se ampliarían si incumple las medidas que el Supremo acordará el miércoles. Los magistrados exigirán a la Cámara vasca el embargo de las subvenciones de Sozialista Abertzaleak y darán instrucciones sobre el uso que pueden hacer sus diputados de los beneficios que disfrutan por tener un grupo parlamentario. Fuentes del tribunal dijeron que esta resolución es muy "delicada", pues no hay precedentes.
Además, la Abogacía del Estado podrá recurrir los acuerdos del Parlamento vasco.
