La multa de 18,93 millones de euros que la Unión Europeaimpuso a España en el 2015 por la manipulación de los datos de déficit de la Comunitat Valenciana la tendrá que pagar en exclusiva esta autonomía. En el 2012, las autoridades comunitarias establecieron que el Gobierno valenciano, presidido entonces por el popular Francisco Camps, había ocultado 1.900 millones de euros de gasto público sanitario correspondientes al periodo 2008-11 y que se trataba de una práctica habitual. Tres años más tarde, el Consejo de la UE estableció el importe de una sanción que, en enero del 2016, pagó el Gobierno de Mariano Rajoy.
Tres meses después, el Ejecutivo central decidió repercutir el pago en exclusiva a esta comunidad. De hecho, Ximo Puig, actual presidente de la Generalitat, aseguró en noviembre que el gobierno descontó esa cantidad de la última transferencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La Generalitat valenciana presentó un recurso al entender que el Gobierno de España era responsable directo del problema del elevado gasto sanitario en la Comunitat y que no puso remedio. Además, destacó que no es razonable pensar que el gobierno central, que fue quien transfirió los datos, no supiera que eran incorrectos y que su papel era el de ser el supervisor. La presentación de las denuncias de estas prácticas de ocultar facturas "en el cajón" que realizaba el Síndic de Comptes, recogidas por los medios, y de un informe del reparo de uno de los interventores no cambió el fallo.
La sentencia se adhiere a las conclusiones del informe de la Comisión Europea y asegura que la responsabilidad en las "graves irregularidades en la contabilidad, registro y notificación de los gastos de sanidad de la Comunidad Valenciana" fue de la Intervención general de la Generalitat Valenciana cuya actuación califica de "gravemente negligente". Además, destaca que la actuación de otras instituciones y entidades no fue "relevante en la manipulación".
