Siempre se dice que los jueces hablan por sus resoluciones y el Tribunal Supremo se ha aplicado la máxima para responder con contundencia a los argumentos de la justicia alemana que permiten presagiar que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no será entregado por rebelión. Utiliza el auto en el que confirma la decisión del juez Pablo Llarena de no dejar ir al Parlament al último candidato a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez, para dejar claro que apuesta por la rebelión y afear a los jueces alemanes que comparecen lo ocurrido con el 'procés' con unas protestas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt.
Los mismos magistrados que resolverán los recursos que se interpondrán contra el auto de procesamiento dictado por Llarena dedican páginas a defender el delito de rebelión, lo que permite augurar el fracaso de esas impugnaciones. No obstante, dejan abierta una puerta a que la acusación se rebaje a sedición (penada con la mitad de la pena) o a que se intente por él la entrega de los huidos, al recordar que la querella fiscal que dio origen a la causatambién incluía ese delito (que fue el apreciado por la jueza Carmen Lamela para la excúpula política de los Mossos) y que no necesita violencia.
El Supremo considera "incuestionable" que "las personas que dirigían el 'procés' en sus distintos niveles camparon a sus anchas" de 2015 a 2017 y "al estar actuando en su condición de miembros" del Govern, la Generalitat y el Parlament "tenían toda clase de facilidades y posibilidad para poder realizar las conductas inconstitucionales que considerasen pertinentes para sus objetivos secesionistas".
"No se está ante una rebelión de una muchedumbre de personas, más o menos organizadas contra el Estado para tomar sus centros de poder", ya que "en lugar de valerse de la violencia" para hacerse con él, "trataban de desgajar las instituciones autonómicas cuyos poderes ejercían" por la Constitución y el Estatut.
Un segundo lugar
Así "la violencia física pasaba a un segundo lugar, puesto que solo era preciso utilizarla" en algún punto de la hoja de ruta marcada, como especialmente el referéndum, "peldaño imprescindible" para lograr la secesión y que "se materializaría masivamente en centros públicos", donde se encontraron con la oposición de la fuerza legítima del Estado".
Como el 1-O "los protagonistas del procés indujeron a unos dos millones de personas a que salieran a la calle para votar ilegalmente", el resultado, "totalmente previsible e inevitable", fue que hubo más de un centenar de enfrentamientos entre los ciudadanos y los agentes. La jornada se saldó con "numerosos heridos leves de un lado y de otro", porque no hubo más de 6.000 policías y guardias civiles con la "misión imposible" de tratar de impedir la votación. Con un número bastante mayor "es muy probable que todo acabara en una masacre y entonces sería muy factible que el resultado de la euroorden fuera muy distinto".
Aeropuerto de El Prat
El Supremo afirma que "si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un Land de Alemania no parece muy factible que todo ello se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica como se dice en la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein".
Critica que la decisión alemana se inicie precisamente con un land, "pero a las pocas líneas abandona ese discurso sin profundizar en él y se desliza repentinamente hacia el supuesto fáctico de la pista del aeropuerto de Frankfurt, huyendo así del pantanoso ejemplo" que habría concluido con la entrega de Puigdemont.
"En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat. Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias del Constitucional, se culminaba un proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional", concluye.
