El Tribunal Supremo estableció ayer, sin ningún género de dudas, que reunirse con una organización del entorno de ETA como Batasuna no es delito. Con ese argumento archivó el proceso que sentó en el banquillo al actual lendakari, Patxi López; a su antecesor en el cargo, Juan José Ibarretxe; al consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, y a cinco dirigentes de Batasuna. La decisión solo fue criticada por las dos entidades que presentaron la querella --el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia-- y acatada, en cambio, por todos los partidos políticos.

El Supremo resolvió ayer dos cuestiones. De un lado, tenía que ratificar o no el criterio establecido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que archivó el caso por considerar que los imputados no podían ser juzgados si solo eran acusados por acciones populares y no por la fiscalía. En este punto, el alto tribunal quitó la razón a los jueces vascos al establecer que el delito de desobediencia --del que estaban acusados López y el resto de los imputados-- es perseguible si lo denuncia una acción popular, como hicieron en su día el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, que en el 2006 actuaban como satélites del PP. La decisión tuvo el voto a favor de los jueces Juan Saavedra, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y José Manuel Maza. El progresista Jorge Alberto Barreiros se opuso a esa interpretación.

EL PRECEDENTE Tras este debate, el tribunal entró a examinar el fondo de la cuestión. Tanto Ibarretxe como el fiscal habían pedido a los jueces que establecieran que no se había cometido ningún delito por reunirse con Batasuna durante la tregua decretada por ETA el 24 de marzo del 2006. El exlendakari pidió al alto tribunal que "limpiara" su imagen. Una postura que fue apoyada por la fiscalía, que alegó una vulneración del derecho a la tutela judicial porque los imputados se habían sentado en el banquillo por unos hechos que el Supremo había establecido que no eran delictivos.

Los cinco magistrados les han dado la razón en este punto al aplicar la misma tesis que exculpó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que también fue acusado de desobediencia por la reunión que los socialistas vascos mantuvieron con Batasuna en julio del 2006. En aquella ocasión, el alto tribunal estableció que el jefe del Ejecutivo no había cometido delito porque "no hay orden expresa de prohibir las reuniones".

LA DOCTRINA Este mismo criterio se ha aplicado ahora a López y al resto de los acusados. Según fuentes jurídicas, Ibarretxe ha aportado un certificado de la llamada Sala del Artículo 61 --la sala especial que ilegalizó a Batasuna-- en el que se aclara que ese partido conserva el derecho de reunión. Por ello, los jueces anulan la decisión del Tribunal de Justicia del País Vasco de abrir un juicio por esos hechos. Además, fuentes jurídicas han explicado que esta posición se puede extender a la negociación con ETA, tampoco prohibida en el Código Penal. Precisamente, el expresidente del Gobierno Felipe González insistió ayer en este punto. "Me preocupa que el Supremo discuta sobre esa reunión cuando yo mismo ordené que se hablara con ETA. Y Aznar y Zapatero, también. Si es un delito hablar con Batasuna, hablar con ETA tiene que ser más o menos igual", afirmó en declaraciones a TVE antes de que el tribunal adoptara su resolución.

La decisión del Supremo fue aplaudida por el PSOE y por el PP de Euskadi. El portavoz de los conservadores vascos, Leopoldo Barreda, subrayó que el "tremendo error" que supuso reunirse con Batasuna en el 2006 no se repetirá porque "ahora tenemos un Gobierno comprometido con la derrota de ETA". El dirigente del PNV Emilio Olabarría celebró asimismo la decisión. Dignidad y Justicia y el Foro de Ermua acusaron al alto tribunal de ceder "a la presión política".