El Tribunal Supremo (TS) ha dado un nuevo apoyo a los intentos de buscar una salida política que sirva para para acabar con el terrorismo, al rechazar la pretensión de las asociaciones Foro de Ermua y Dignidad y Justicia de "criminalizar" los procesos de diálogo puestos en marcha por gobiernos democráticos. La sala de lo penal del TS hizo público ayer el contenido de la sentencia del 13 de enero en la que se archiva la causa abierta contra el actual lendakari, Patxi López, y su antecesor en el cargo, Juan José Ibarretxe, y el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, por haberse reunido con una organización del entorno de ETA como Batasuna durante el alto fuego de la banda en el 2006.

El avance del fallo ya establecía que esas reuniones no podían ser consideradas como un delito. Pero en su argumentación es más contundente y ratifica "los límites de la jurisdicción penal en orden al control de la actividad política ejercida por el Gobierno democráticamente elegido y al que compete la dirección de la política en el ámbito de sus facultades para las que ha sido elegido, sin que puedan ser, en principio, criminalizadas las posiciones de diálogo para la búsqueda de la mejor opción de gobierno que garantice la ordenada convivencia social". En definitiva, que no se puede coartar la acción política de un Ejecutivo democrático que pretende acabar con una situación de violencia como el terrorismo etarra.

SENTENCIA ANTERIOR El Tribunal Supremo ya se había pronunciado también a favor de los encuentros con Batasuna en el 2006, cuando rechazó una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y varios dirigentes del PSE-EE, al estimar que este tipo de contactos políticos no pueden ser perseguidos penalmente si no hay "una orden expresa" que los prohíba. No la había en aquel caso, ni tampoco en el que ahora afecta a los lendakaris Ibarretxe y López.

El alto tribunal consideró entonces, y ahora se remite a los mismos argumentos, que "vendría a ser un fraude constitucional" que alguien pretendiese "corregir la dirección de la política interior y exterior" que la Constitución encomienda al Gobierno democráticamente legitimado por las urnas.