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LA JUDICIALIZACIÓN DEL 'PROCÉS'

El Supremo sienta en el banquillo a Homs por la consulta del 9-N

El diputado del PDECat se enfrenta a una petición fiscal de 9 años de inhabilitación. La Moncloa recuerda que "nadie tiene privilegios frente a la ley"

 

El portavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, en una comisión de la Cámara baja. - JOSE LUIS ROCA

ÁNGELES VÁZQUEZ
20/01/2017

El portavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, se sentará en el banquillo de los acusados por la consulta del 9-N. El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral este viernes contra el 'exconseller' de Presidència por desobediencia grave cometida por autoridad pública y prevaricación administrativa, delitos por los que la fiscalía reclama que sea castigado con 9 años de inhabilitación para cargo público. Homs es el cuarto político que será enjuiciado por el 9-N, junto con el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la 'exconsellera' Irene Rigau, que serán juzgados a partir del 6 de febrero.

El auto de apertura de juicio oral, que da 10 días a la defensa para oponerse al escrito del fiscal, recuerda que aunque Homs renunciara ahora a su acta de diputado, para así evitar su aforamiento ante el Tribunal Supremo, no tendría éxito, porque así lo acordó el pleno de la Sala de lo Penal el 2 de diciembre de 2014 para conjurar la posibilidad de que los aforados trataran de elegir un tribunal que suponen más benévolo manteniendo o renunciando a su cargo.

LA REACCIÓN DEL GOBIERNO

El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado al conocer la noticia que "nadie tiene privilegios frente a la ley",informa Pilar Santos. El también ministro de Educación ha descartado que la 'operación diálogo' entre el Gobierno central y la Generalitat no acabe de arrancar por culpa de la estrategia jurídica que Mariano Rajoy siguió la pasada legislatura. "No hay contraposición, no puede haberla entre ley y diálogo. Hay que dialogar, invitar al diálogo y participar en él, pero hay que cumplir la ley. La excusa del diálogo no se puede utilizar para vulnerar la ley", ha argumentado.

El magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, instructor de la causa contra Homs, reproduce en su resolución los hechos incluidos por el fiscal en su escrito de acusación, que sigue la línea que marcaba él mismo en diciembre pasado en el auto en el que proponía juzgar al diputado del PDECat por su participación en la organización del proceso participativo de 2014. La Fiscalía del Supremo solicita 9 años de inhabilitación especial para ejercer cargo público por prevaricación y desobediencia. Como pena alternativa proponía siete años y medio de inhabilitación por la prevaricación y multa de cinco meses con cuota diaria de 200 euros (30.000 euros) e inhabilitación por un año y un mes más por la desobediencia, para el caso de que el Supremo prefiera individualizar las penas por ambos delitos.

La Fiscalía sostiene que Homs "no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones que se desarrollaban para la celebración de la consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular", sino que "impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos a disposición del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas (subcontratadas), y, en definitiva, potenció tras haber conocido la providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado proceso participativo”.

CORREO ELECTRÓNICO

El fiscal sostenía que Homs "era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional”. En este sentido, el escrito recuerda que el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, envió el 4 de noviembre un correo electrónico al presidente de la Generalitat, entonces Artur Mas, en el que le informaba de la suspensión.

Y los servicios jurídicos recurrieron en súplica la providencia, lo que, según el fiscal, demuestra que "no había margen de duda en cuanto al contenido de la suspensión pues alcanzaba a toda actuación política, estuviera o no formalizada jurídicamente, que contribuyera a impulsar la convocatoria" del día 9.

Pese a ello, Homs y los aforados ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mas, "amparado simplemente en su voluntad", y las 'exconselleres' Irene Rigau y Joana Ortega, "impulsaron la continuación de todas las actuaciones de preparación que ya estaban en marcha”. A diferencia de lo ocurrido en septiembre, continuaron los trabajos "con la conveniente discreción para tratar de generar la apariencia de que se paralizaban".

Cuando la defensa del diputado presente su escrito de defensa, la Sala de lo Penal se pronunciará sobre los testigos que declararán en el juicio oral. La Fiscalía solicitaba un total de 16 testigos, entre los que figuran el secretario general del Departamento de Presidència de la Generalitat, el director del Institut d'Estadística de Cataluña y responsables de las empresas contratadas por la Generalitat para la consulta.