Las ayudas que el Gobierno del PNV que encabezaba el entonces lendakari, Juan José Ibarretxe, otorgó en el 2005 a los familiares de presos de etarras encarcelados en prisiones fuera de Euskadi para que los visitaran no son competencia del Ejecutivo vasco y supusieron "un exceso".

Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia que avala la misma posición tomada hace cuatro años por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que anuló las subvenciones del 2005. Los pagos se empezaron a efectuar en el 2003 por orden de Joseba Azkarraga, en aquellas fechas consejero de Justicia, y estaban previstos hasta que finalizara la dispersión de presos de la banda terrorista fuera de Euskadi. El Gobierno central presentó un recurso contra la orden de Azkarraga. Cuando esta fue anulada, el Gobierno de Ibarretxe recurrió a su vez contra la decisión, y ahora el Supremo ha llegado a la conclusión de que las subvenciones vulneraban el ámbito territorial de la Administración autonómica, pese a que el Ejecutivo de Ibarretxe argumentó que se trataba de ayudas de carácter social. El Supremo considera que aunque los pagos se hicieran bajo esa premisa solo podrían aplicarse a presos internados en Euskadi. El Gobierno vasco es condenado a pagar las costas judiciales, 5.000 euros. La decisión fue elogiada por el PP vasco, cuyo portavoz, Leopoldo Barreda, se mostró ayer satisfecho y juzgó probado que no solo había razones "éticas" para vetar las subvenciones, sino también "jurídicas". El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó, por su parte, que su partido respeta la sentencia del Supremo pero insistió en que eran ayudas sociales.

EA, ARALAR, ETXERAT Mientras, el año nuevo empezó en Euskadi con una nueva polémica por actos aberzales. El diputado autonómico del PP Carlos Urquijo reclamó ayer a la Consejería vasca de Interior que "no tarde un minuto" en prohibir la marcha convocada en apoyo de los presos de ETA hoy en Bilbao por Eusko Alkartasuna, Aralar y la izquierda aberzale. La asociación Dignidad y Justicia hizo idéntica petición. La convocatoria llega después de que la Audiencia Nacional prohibiera el miércoles otra similar convocada por la asociación de familiares de presos etarras, Etxerat. Los populares subrayan que la nueva convocatoria quiere reemplazar a la prohibida, ya que está prevista en el mismo sitio, el mismo día y con el mismo motivo.