Pasa a la página siguiente

Desde que llegó a la presidencia de la Xunta, Manuel Fraga trató de profundizar en el autogobierno, sin mezclarse con los nacionalistas, pero yendo siempre más allá del PSOE de González y del PP de Aznar.

--Usted es el padre de la Administración única. ¿Cómo resumiría a estas alturas del debate autonómico su propuesta?

--El principio de este modelo se basa en que sólo una Administración, la más próxima al ciudadano, debe ejercer cada competencia. Ya en Alemania y en Austria hay ensayos. Pero ni bajo el Gobierno socialista --recuerdo que González hizo un comentario irónico diciendo que "al señor Fraga siempre le gusta ser único"-- ni el popular fue tenido en cuenta este tema, que es complejo, y debe manejarse gradualmente. En más de un caso se podría imaginar una mejor administración de recursos. Pero subrayo bien lo que digo: en sitios como en Galicia, donde no haya duda de la lealtad constitucional --no me atrevería decir lo mismo allí donde hay un plan Ibarretxe --, creo que sería conveniente aplicar la Administración única, por razones económicas y para evitar duplicidad de criterios. Subrayo lo de la lealtad porque, claro, con un señor como Rovira, que dice que España es un Estado antipático y que prefiere irse a hablar con los de ETA, es dudosa esa lealtad.

--Conferencia de presidentes autonómicos. Un socialista aplicará otra de sus ideas...

--Esto es algo de sentido común. Hay conferencias sectoriales de los ministros con distintos consejeros autonómicos y es un sistema de coordinación bueno, pero también es razonable que el presidente del Gobierno convoque dos veces al año a los presidentes de las comunidades, como en la conferencia de gobernadores americanos. Por tanto, la idea del señor Zapatero recoge el espíritu de lo que yo decía... es cierto.

--¿Cómo ve España con perspectiva histórica?

--De cuatro problemas gordos que tenía España hace un siglo, nos queda uno, y no olvidemos que algunos de ellos dieron lugar a guerras, como la primera guerra civil carlista. Tres de esos problemas están resueltos: uno es la forma de Estado, ya que la Monarquía no está en discusión; otro es la religión, que fue un problema tremendo --yo redacté el artículo de la Constitución que habla de la separación de la Iglesia y el Estado--, y el tercero es el modelo económico y social, compartido, con matices, por gobiernos socialdemócratas y del tipo Aznar-Rato, para entendernos. Queda el cuarto problema: el territorial. Lo que algunos llamaron despectivamente café para todos ha sido bueno. Está funcionando razonablemente y ha mejorado la Administración en su conjunto, ya que el Estado es demasiado grande para unas cosas y demasiado pequeño para otras. La Constitución está en el justo medio, entre el Estado unitario y centralizado y un Estado que no sea multinacional, de federalismos asimétricos o de privilegios. Tenemos por tanto un buen punto de partida y si resolvimos los otros tres problemas, ¿por qué no vamos a resolver también éste?

--Reforma del Senado. ¿Qué hay que hacer para que sea realmente la cámara territorial?

--Lo dice la Constitución. Lo que pasa es que cuando se redactó todavía no estaban creadas las comunidades. Y dice: será la cámara de representación territorial. Entiendo que la base principal del Senado deben ser las autonomías, después las provincias, que deberían conservar alguna representación, y finalmente habría que dar juego a los municipios, que podrían estar representados a través de los reconocidos como grandes ciudades.

--¿Debe haber relaciones directas de las CCAA con Bruselas?

--Hay una sentencia importantísima del Constitucional que distingue entre la política exterior, competencia exclusiva del Estado, y la política comunitaria. Ahora, eso hay que administrarlo inteligentemente. Yo sería partidario de entrar de una manera progresiva y prudente. Mire usted: estos días ha habido una primera negociación agrícola que no ha salido muy bien. Si ese día hubiera habido un representante del Gobierno andaluz en la negociación, probablemente eso no se hubiera firmado. Y si hubiera una negociación de pesca parecería lógico que hubiera un gallego, ya que en la UE de los quince España era la mitad de la pesca de España y España la mitad de la pesca comunitaria. Y aunque la coordinación deba seguir teniéndola el Estado, no hay razón alguna para elevar la participación de las CCAA más afectadas por cada tema. No habría ningún problema de política exterior, al contrario.