El pleno del Tribunal Constitucional continúa el miércoles las deliberaciones iniciadas este martes sobre la legalidad o no de ladeclaración de independencia aprobada por el Parlament de Catalunya. Los jueces comenzaron a estudiar en la primera sesión de este pleno, que se prolongará hasta el jueves, el borrador de la sentencia redactado por el magistrado conservador Andrés Olleroen el que se propone declarar ilegal dicha declaración.
El recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra esta declaración fue incluido el martes en el orden del día. Los magistrados ya habían acordado que el tribunal debería dar una respuesta al desafío independentista antes de las próximas elecciones del 20-Dcomo publicó EL PERIÓDICO el pasado 17 de noviembre. El alto tribunal aceleró los trámites cuando suspendió esta declaraciónel pasado 11 de noviembre al acortar en cinco días el plazo para que la cámara catalana presentara las alegaciones a la demanda del Gobierno.
Los magistrados iniciaron su debate con un acuerdo sobre elcarácter jurídico y no solo político de esta declaración. Los jueces se apoyaron en la doctrina que establecieron en el 2013 cuando también tumbaron el derecho a decidir acordado por la cámara catalana en enero del 2013. No obstante, los magistrados reconocieron que al igual que entonces esta declaración "tiene un trasfondo político que no se puede obviar".
LA REDACCIÓN DE LA SENTENCIA
Por ello, las fuentes consultadas explicaron que los jueces del alto tribunal buscan dictar una sentencia "que sea clara, precisa y respetuosa" con este acto parlamentario porque "en una sociedad democrática es preciso respetar las formas".
Los togados tienen encima de su mesa los escritos de la Abogacía del Estado y del Parlament de Catalunya. El Gobierno pidió al TC que anule esta declaración porque "ordena la secesión del España por medios no democráticos". Y porque la cámara catalana "se atribuye un poder constituyente capaz de iniciar un proceso rupturista que se impone unilateralmente con menosprecio del estado de derecho".
Por su parte, el Parlament de Catalunya quitó trascendencia jurídica a esta declaración en las alegaciones que presentó el pasado viernes. En su escrito, manifestó que esta declaración expresa "solo unavoluntad, aspiración o deseo" y carece de efectos jurídicos. Además, reclamó al alto tribunal que no atendiera las peticiones del Gobierno. Y advirtió a los jueces de que no pueden "suplantar" el poder "de representación del pueblo por el Gobierno de los jueces porque el Parlamento goza de legitimidad democrática que no es equiparable a la legitimidad del TC".
Además, la cámara catalana pidió a los jueces que dejen sin efecto su doctrina de revisar los actos parlamentarios, que puso en marcha con la declaración del derecho a decidir, "para preservar el equilibrio entre instituciones".
Los jueces volverán a sus deliberaciones a las 11 de la mañana de este miércoles. La sentencia que dicten será publicada en el BOE y será de obligado cumplimiento para las autoridades catalanas y para terceros. Por ello, desde este momento, la cámara catalana y el Govern no podrán promover actos que lleven a la secesión de España.
La vicepresidenta del Govern, Neus Munté, afirmó que se hallarán vías para seguir aplicando la declaración. “Se van poniendo por parte del Gobierno, mediante el TC muchas veces, obstáculos a distintos acuerdos que emanan de Catalunya en muchos ámbitos, en este caso por una declaración política, en otros por leyes y siempre hemos hallado la manera de avanzar porque estamos convencidos de que llevamos a cabo una voluntad mayoritaria que se expresó el 27-S, las reglas del juego pasan por respetar estas mayorías y los acuerdos en el Parlament”,subrayó.
En el caso de que no incumplan este mandato se abren dos posibilidades. Por un lado, la fiscalía puede presentar una nueva querella por un delito de desobediencia contra los que desobedezcan el fallo del alto tribunal. Por otro, el TC puede suspender en el ejercicio de sus funciones a las autoridades que les desafíen gracias a una reciente reforma que regula este tribunal.
Dos sentencias y una suspensión
El Tribunal Constitucional ha dictado ya dos sentencias y una suspensión sobre los planes independentistas de Catalunya. El alto tribunal ya ha anulado la declaración del derecho a decidir aprobada por el Parlament de Catalunya en el 2013 y la ley de consultas que sirvió para sacar las urnas a la calle el 9-N.
Los jueces del alto tribunal negaron que Catalunya sea un sujeto político soberano y reconocieron que el derecho a decidir es "una aspiración política" que no puede alcanzar al derecho a la autodeterminación. Con esta sentencia, el TC rompió su doctrina anterior cuando se negó a anular el plan Ibarretxe al considerar que el mismo era un acto político que no tenía trascendencia jurídica al haber sido aprobado por la cámara vasca.
Además, los jueces también anularon la ley de consultas catalanas porque permitía la celebración de un referéndum sobre la integración de España. Una cuestión que solo puede ser consultada por una Comunidad Autónoma previa autorizarión del Gobierno central.
Ahora ha decretado la suspensión de la declaración de independencia y ha advertido a 21 autoridades catalanas, entre ellas, el president Artur Mas y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que deben acatar sus decisiones. Estas autoridades firmaron esta notificación en la tarde del jueves en la sede de la cámara catalana después de celebrar el debate en el que no pudo ser investido Mas en segunda votación.
