El pleno del Tribunal Constitucional (TC) se despachó ayer a gusto contra la Generalitat valenciana, que preside Francisco Camps, del Partido Popular, por entender que quiso cuestionar el Estatut mediante un recurso contra un precepto de la carta andaluza. El alto tribunal ha rechazado la petición, que ha tildado de "extravagante".
El Gobierno valenciano acudió al Constitucional al apreciar una "contradicción" entre una disposición de la carta andaluza y otra de la catalana. Por ello, pidió al alto tribunal una sentencia interpretativa sobre si era mejor que las inversiones del Estado se hagan según el criterio de población como fija el Estatuto andaluz o por el peso del Producto Interior Bruto (PIB) catalán en el conjunto del PIB español, como en el Estatuto catalán (disposición tercera).
Los jueces aclaran a Camps que ellos son los intérpretes máximos de la Constitución y que solo se les puede pedir su opinión para que se pronuncien sobre la adecuación o no de los preceptos de una norma a la Carta Magna. En todo caso, precisan, la función del Constitucional no es la de legislar y, por ello, no admiten la demanda.
CONCLUSION JUDICIAL La resolución detalla que la Generalitat valenciana dice en su recurso que el artículo impugnado en el Estatuto andaluz es "constitucional". Por ello, los jueces concluyen que la pretensión del recurso era cuestionar "el precepto del Estatut de Cataluña" que regula las inversiones en los próximos siete años.
La Junta de Andalucía expresó su satisfacción por el acuerdo del TC que, dijo, es "demoledor" para el PP y la Generalitat valenciana. Según el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, lo ocurrido es "la muestra del lío que tiene el PP para afrontar un tema importante como es el desarrollo estatutario". En cambio, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, aseguró que la resolución "supone el fracaso" del intento de ocultar aspectos soberanistas del Estatuto catalán.
El Gobierno valenciano anunció su voluntad de seguir reivindicando un modelo de financiación basado en criterios "objetivos, únicos y consensuados con el conjunto de autonomías". Y la dirección central del PP sostuvo que la decisión del TC coloca en el Gobierno la "pelota" de la coherencia entre estatutos.
