El Gobierno presidido por Francisco Camps deberá dar explicaciones en el Parlamento valenciano sobre el caso Gürtel . Le guste o no. Y el encargado de hacer tan tajante advertencia ha sido ni más ni menos que el Tribunal Constitucional (TC), que ha sentenciado que la mesa de las Cortes Valencianas vulneró los derechos de los diputados de Compromís por negarse a tramitar una parte de sus iniciativas, en la que destacaba un paquete de preguntas sobre los contratos entre la Generalitat de Valencia y la red corrupta que ha salpicado a los conservadores.

MAYORIA CONSERVADORA Así, el alto tribunal reprende a la Cá- mara autonómica --donde el PP tiene mayoría absoluta y, por tanto, decide a su antojo-- por tener el arrojo de frenar preguntas de la oposición concernientes al caso Gürtel sin "motivación suficiente", lo que ha supuesto, se- gún el Constitucional, una vulneración clara de los derechos que asisten a los diputados que querían interrogar por la trama a varios miembros del Ejecutivo.

La resolución judicial llega firmada por la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, y por los magistrados Javier Delgado, Jorge Rodríguez, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps.

Dicho esto, el Tribunal Constitucional declara nulos los acuerdos alcanzados por la mesa del Parlamento valenciano para dejar sin efecto esas preguntas, y le obliga a rectificar. Ayer por la tarde, fuentes de la Cámara confirmaron a la agencia Europa Press que en septiembre, cuando se reanude el periodo de sesiones, las iniciativas de Compromís serán tramitadas de nuevo. Precisamente, desde dicho partido se solicitaba ayer la dimisión de la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, y de varios de sus colaboradores. Entre otros, el número dos de los conservadores de la región, Antonio Clemente.

Las cuestiones que la Mesa inadmitió fueron una serie de preguntas sobre los contratos de la Generalitat valenciana con empresas relacionadas con el caso Gürtel ; por vertidos tóxicos en Mislata (Valencia) de una fábrica de papel; por las contrataciones y adjudicaciones de licencias de radio y televisión y por el plan de emergencia exterior en el polígono de El Serrallo (Castellón), donde se han instalado empresas gasísticas; además de una proposición no de ley para reconocer públicamente al que fuera conseller republicano Francesc Bosch Morata.

REACCIONES SOCIALISTAS La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, Carmen Ninet, se congratuló ayer de la sentencia, destacando que este fallo es "una moción de censura democrática ante el intento del PP de obstaculizar la labor de control al Gobierno de la Generalitat por parte de los grupos políticos presentes en las Cortes".

La diputada socialista indicó que, con este fallo, "el TC ha puesto al PP de las Corts en su sitio, demostrando, una vez más, que practican el ocultismo y la indecencia reglamentaria". A su juicio, se trata de "una manera de actuar cuyo único objetivo es que no se sepa nada de los tejemanejes de la Generalitat con decenas de millones de euros de los valencianos que han ido a parar a Orange Market y a los amigos del alma del presidente del Consell, Francisco Camps". Asimismo, lamentó que "el PPCV continúe con su estrategia de utilizar el dinero público sin control". "Estamos ante una falta de transparencia y un oscurantismo que persigue un único objetivo: tapar el Gürtel ", dijo.

DINERO DE LOS CIUDADANOS La sentencia, según añadió Ninet, "avala la actuación de los grupos de la oposición para saber, de una vez por todas, qué hace el Consell con el dinero de los impuestos de todos los valencianos", concluyó la socialista.