Desde Madrid y desde Barcelona. La hipotética investidura telemática de Carles Puigdemont y el intento de modificar el terreno de juego para facilitarla quedaron cortocircuitadas ayer por partida doble, al menos jurídicamente. El Tribunal Constitucional advirtió al Parlamento catalán de que cualquier tentativa de otorgar la presidencia a distancia al líder nacionalista será considerada «nula», pues los magistrados admitieron a trámite el recurso del Gobierno central y prorrogaron así las medidas cautelares que hace tres meses paralizaron el primer intento. Horas más tarde fue el Consejo de Garantías Estatutarias el que completó el revés al negar la viabilidad legal de la reforma de la ley de Presidencia planteada por JxCat con el apoyo con la boca pequeña de ERC.
La decisión del TC dio algo de aire al Gobierno de Mariano Rajoy, que había encadenado una serie de catastróficas desdichas para sus intereses desde que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein cuestionó la extradición por rebelión de Puigdemont. Con la investidura telemática congelada, en cambio, tiempo le faltó a la Moncloa para jactarse de haber interpuesto un recurso que tuvo «muy pocos apoyos», resaltó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pues cabe recordar que hasta el Consejo de Estado se desmarcó de dicha acción al considerarla prematura.
Pero ayer el TC dio un punto de apoyo a los conservadores. Y lo hizo utilizando como argumento a su favor la decisión que tomó el presidente de la Cámara, Roger Torrent, de frenar el primer conato de investidura. Los magistrados aprecian que las dudas que pudieron existir acerca de la viabilidad procesal de la impugnación quedaron despejadas por Torrent cuando él mismo aplazó la sesión plenaria hasta que el tribunal se pronunciara.
Pese a ello, poco antes de las seis de la tarde la Cámara catalana informó de que Torrent convocaba un pleno para el 3 y 4 de mayo que incluye el debate sobre la propuesta de JxCat para favorecer una investidura telemática a medida de Puigdemont.
