El Tribunal Constitucional se enfrenta esta semana a una de sus mayores crisis si los cinco jueces conservadores, con el voto de calidad de uno de ellos, Vicente Conde, apartan del debate sobre la reforma de la ley del tribunal a la presidenta y al vicepresidente de la institución, María Emilia Casas, y Guillermo Jiménez, respectivamente.
La estrategia de acoso y derribo del PP en este tribunal está a punto de lograr una victoria. Tras la recusación que presentó y ganó contra el magistrado progresista Pablo Pérez Tremps, el PP ha centrado sus ataques en la presidenta de esa institución, poseedora de la llave que permite ganar votaciones en caso de empate entre el sector progresista y el conservador.
Por ello, dos jueces del sector conservador, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, pidieron en junio a Casas que abandonara la presidencia por haber cumplido su mandato de tres años. La intentona no prosperó, pero el PP recurrió la reforma de la ley del Constitucional que permite prorrogar los mandatos hasta que sus titulares cesen como jueces del tribunal. Los jueces han entendido que no pueden resolver ninguna cuestión hasta que no se aclare si la presidenta puede continuar.
