¿Quién es Francisco Tomás Puchol? La misma pregunta que se hacían los periodistas el pasado viernes al enterarse de que un diputado de Castellón dejaba el PP y se pasaba con su escaño a Coalición Valenciana (CV) corría por los despachos del PP. La gran duda era quién estaba detrás de la trama que ha llevado a un diputado casi irrelevante a dar un paso así, afiliándose a una fuerza que busca atraer al electorado más derechista y anticatalanista del PP valenciano.
Todas las miradas se dirigieron al sector afín al expresidente valenciano y actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, tras una semana en que su máxima valedora en el Gobierno de Camps, la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, pidiera en Canal 9 mano dura contra la corrupción. Nadie se dio por aludido, pero los fieles a Camps lo interpretaron como un golpe bajo en referencia al caso de Carlos Fabra, presidente de la Diputación y del PP de Castellón --imputado por diversos delitos-- y a los más recientes de los alcaldes de Orihuela y Torrevieja, investigados por presunta implicación en tramas urbanísticas.
Los dos alcaldes afines a Camps en una tierra, Alicante, de mayoría zaplanista, son víctimas de filtraciones de su propio partido que han llegado a los tribunales. Casos como éste han minado la confianza mutua. El tenso congreso de Castellón de hace un año dejó a los zaplanistas en minoría, pero fue una tregua temporal. Las declaraciones de la consejera fueron la respuesta a la andanada lanzada por el portavoz del PP, Rafael Maluenda, en un pleno del Parlamento autonómico, cuando reveló, sin ser preguntado, que Hacienda había multado a la Generalitat valenciana por desgravarse facturas pagadas por valor de 3,5 millones de euros en paraísos fiscales.
El PP admitía por primera vez la existencia de puntos oscuros en el contrato por el que el cantante Julio Iglesias actuó en actos promocionales de la Comunidad Valenciana en todo el mundo junto al entonces presidente Eduardo Zaplana. El dardo iba contra los opositores.
Temor al transfuguismo
La irrupción en escena del tránsfuga hizo saltar las alarmas ante el temor de que detrás vinieran otros. Mientras los fieles a Zaplana negaban toda implicación y el portavoz del Gobierno, Esteban González Pons, aseguraba que "el origen del caso no está en el PP", el sector partidario de la mano dura contra los zaplanistas les apuntaba con insistencia. La excusa de Tomás para dejar el partido --"falta de medidas contra la corrupción"-- se parecía mucho a las declaraciones de la consejera De Miguel.
Todo cuadraba menos un detalle. El tránsfuga es de Castellón, dominio de Carlos Fabra, alineado con Camps, donde el zaplanismo es casi inexistente. La junta directiva regional del martes sirvió para que el propio Fabra desmintiera la connivencia de los disidentes en la fuga de Tomás y corroborara que el nuevo diputado del Grupo Mixto actuó así porque no iba a entrar en las listas de 2007. Eso sí, después de afirmar en público días antes que detrás de la operación "hay intereses oscuros".
Los zaplanistas cargaron contra los que les atacan con "insidias" y pidieron a Camps que actuara. Pese al aparente cierre de filas en la reunión, las heridas de la desconfianza siguen abiertas. El escenario de hace un año ha cambiado. La mayoría campista está dividida entre los que quieren la laminación de los opositores y los que aún buscan puntos de encuentro.
Toques de Madrid
Camps navega entre ambos grupos mientras desde Madrid llegan toques de atención ante un partido dividido en uno de los bastiones autonómicos que le restan al partido de Mariano Rajoy. En la distancia, tampoco Zaplana controla a los suyos, algunos de ellos con voluntad decidida de jugárselo todo amenazando con una escisión en Alicante.
Mientras el PP se rasga las vestiduras por la "indecencia" del tránsfuga y su ingreso en una formación "de extrema derecha", desde la oposición de izquierdas se le recuerda que uno de sus diputados actuales, Rafael Ferraro, dejó Unión Valenciana y formó el Grupo Mixto antes de afiliarse al PP.
