El teniente coronel de la Guardia Civil Francisco Javier Jambrina, segundo jefe de la comandancia de Oviedo en el momento del 11-M, acusó ayer a la Unidad Central Operativa (UCO) de haberse "desentendido" de la polémica sobre posibles negligencias en la investigación de la trama asturiana que suministró los explosivos de los atentados.

En su comparecencia como testigo en el juicio por la matanza, Jambrina narró el malestar de su comandancia a raíz de que la UCO le traspasara, en marzo del 2003, la investigación sobre la trama de explosivos porque era un problema circunscrito a la comunidad asturiana.

El 6 de marzo del 2003, la UCO remitió a la comandancia de Oviedo una última nota informativa, en la que se citaba la disposición de Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro a vender 150 kilos de dinamita procedentes de una mina donde tenían contactos. La información se la había proporcionado el confidente Rafa Zuhier al agente Víctor .

UNIDAD MIXTA Jambrina propuso la creación de una unidad mixta de investigación de las comandancias de Oviedo y Gijón. Sin embargo, dijo, el comandante de esta última desechó la iniciativa aduciendo que era un caso "quemado" y, el informante, un "cantamañanas". La UCO tampoco volvió a interesarse por el tema, pese a que el jefe de la unidad, Félix Hernando, que también testificó ayer, aseguró que la colaboración siempre permaneció abierta, si bien no se consiguió ninguna nueva información que fuera útil.

Contó Jambrina que, en julio del 2004, con ocasión de la comparecencia de Hernando y Víctor en la comisión parlamentaria del 11-M, el último le pidió por teléfono que "destruyera" la nota del 6 de marzo del 2003. "Yo me negué y lo empecé a rajar. Le dije que la UCO se estaba desentendiendo del asunto y le conté todos los agravios que sentíamos", dijo. En su comparecencia del 9 de abril pasado, Víctor sostuvo que solo pidió a Jambrina que no filtrase la nota a la prensa, no que la destruyera.

TARJETA DE TELEFONO También compareció ayer el exjefe de la Unidad Central de Información Exterior, Mariano Rayón. Dijo que su unidad asumió la investigación el mediodía del 13-M del 2004, cuando se supo que la tarjeta del teléfono móvil hallado en la mochila de Vallecas se había vendido al locutorio de Jamal Zugam. Rayón contó que, ante la negativa inicial de los comerciantes indios del locutorio a revelar la identidad de su cliente, instruyó a sus agentes para que volvieran a interrogarlos con "firmeza", preguntándoles: "¿Qué deben a España por acogerlos?".