Que los jueces que ejerzan en Cataluña deban "acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán" para prestar un adecuado servicio a los ciudadanos fue casi la menor de las catástrofes sobre las que el PP advirtió ayer en la comisión del Congreso que está dando forma al nuevo Estatut. El cuatripartito dedicó la sesión sobre el título de poder judicial a rebatir las "mentiras el PP", entre ellas que no es cierto, como sostuvieron los populares, que el nuevo Estatut permita que, por un mismo delito, una persona pueda ser absuelta en Cataluña y condenada en Madrid.

Esa acusación se recoge literalmente en la enmienda número 22 del PP al título dedicado al poder judicial.

La tesis a la que PSOE, PSC, ERC e ICV-EUiA tuvieron que hacer frente ayer es simple. El PP sostiene que el Estatut otorgará a Cataluña "un poder judicial propio" y "distinto" del resto de España. Se pervertirá así --prosiguió Astarloa-- "el principio de igualdad ante la ley".

Joan Ridao (ERC) fue ayer uno de los diputados más activos en la crítica al PP. Le recordó a Astarloa que sólo un 3% de las sentencias que se dictan en Cataluña están redactadas en catalán. Por su parte, el portavoz del PSOE en la comisión, Diego López Garrido, subrayó que el texto resultante remitirá 12 veces a la futura ley general del poder judicial, una garantía suficiente --planteó el socialista-- de que los miedos del PP son infundados.