Francisco Camps y el PP valenciano son el principal quebradero de cabeza (político) de Mariano Rajoy. Basta contemplar la indisimulable incomodidad que le producen las preguntas de la prensa sobre los casos de corrupción que atañen a los populares de Valencia y su influencia en la elaboración de las próximas listas electorales. O las escasas oportunidades que el líder de la oposición responde a la prensa sobre el espinoso asunto.
Pero el jueves Rajoy, en Melilla, pronunció una frase enrevesada en la forma, pero clara en el fondo, que intenta justificar el trato de favor que se da en el PP a algunos de sus imputados por corrupción. Especialmente a Camps. "Hay implicaciones por unas razones que provocan unas convicciones y las hay por otras que provocan convicciones diferentes", dijo.
De esta forma, alentó las esperanzas del actual presidente de la Generalitat valenciana --imputado por haber aceptado, supuestamente, regalos de la red Gürtel -- de repetir como candidato. Otros imputados no tendrán tanta suerte. ¿Por qué?. "Porque no todos los casos son iguales", enfatizó anteayer Rajoy.
El presidente del PP se refería a que el delito que se le imputa a Camps, el de cohecho impropio, tiene rango menor comparado con el de otros compañeros de filas. En eso tiene razón. Sin embargo, conviene no olvidar que el juez encargado del caso de los trajes, el valenciano José Flors, aún tiene que decidir si, tal y como le aconsejó el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, engorda el sumario sobre el presidente valenciano con otros delitos como la posible financiación ilegal.
La trama alicantina
Mientras el ansiado auto de Flors sobre Camps y algunos de sus más estrechos colaboradores en el PP de Valencia no llega, la dirección del partido apoya públicamente al presidente valenciano, pero pospone la proclamación de sus candidatos autonómicos para las elecciones del año próximo, en un intento de ganar tiempo por si los tribunales dieran a Rajoy un susto de última hora y la situación de Camps se agrava.
Esta estrategia tiene una consecuencia directa: la ausencia de medidas disciplinarias en el PP de Alicante, donde hay varios implicados en el caso Brugal , ligado a la concesión de la gestión de basura en distintos municipios. Y es que correspondería al jefe del PP de Valencia, o sea, a Camps, proponer la expulsión de los cargos alicantinos implicados en dicha trama. Pero no resultaría demasiado elegante echar a compañeros como José Joaquín Ripoll, presidente de Alicante, mientras él se queda. Y la dirección popular está en una tesitura similar. ¿Cómo hacer limpieza en las filas populares valencianas y perdonar a su máximo responsable?.
A la espera de nuevas decisiones judiciales, la cúpula conservadora no tiene más remedio que defender lo que, para algunos de sus militantes, es indefendible. "Un imputado puede ir en las listas. Hay que analizar caso por caso. Si uno está imputado por una violación, donde los indicios parecen verdad, pues le diría que no. Pero identificar a un imputado con un condenado es un error", señaló el jueves la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Quizá no compartan esta teoría los populares de Madrid --Esperanza Aguirre ha expulsado de sus filas a los imputados por corrupción--, o los de Baleares, cuya dirección ha anunciado que el político que tenga una imputación pendiente no podrá ser candidato.
