Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre han intentado mantener las formas desde el pasado congreso popular de Valencia. Querían dar apariencia de calma, aunque fuera tensa. Pero la trama de espionaje supuestamente ligada a la Comunidad de Madrid ha demostrado que hay un telón de acero entre el bloque de los partidarios de Rajoy y el de los de Aguirre, que han resucitado una guerra fría de consecuencias impredecibles. Ayer, el líder del PP Rajoy dio instrucciones a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, para que abra una investigación interna sobre el embrollo, algo que ha encolerizado a Aguirre. Las hostilidades entre ambos se han desatado.

El caso es que, en solo 24 horas, Rajoy ha pasado de expresar su confianza en la presidenta madrileña para zanjar el escándalo a tomar cartas en el asunto. El cambio de criterio se produjo, según fuentes de su entorno, cuando supo que no solo han sido vigilados el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, y al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, sino también Alfredo Prada, dirigente del PP cuyo apoyo a Rajoy en el cónclave de Valencia llevó a Aguirre a destituirlo como consejero.

TRASCENDENCIA POLITICA Y, además de anunciar la apertura de dicha investigación, Rajoy quiso comunicárselo a la propia presidenta y darlo a conocer a la opinión pública a través de un comunicado oficial. ¿Qué es lo que pretende el líder del PP al dar este paso? Pues, según la versión difundida por el partido, exigir "con absoluta firmeza y determinación" responsabilidades políticas, si fuera menester.

La traducción del citado comunicado no admite dudas. Que la dirección popular considere que de esta trama pudieran derivarse responsabilidades de carácter político demuestra que otorga credibilidad a la hipótesis de que un político, o una institución, podría estar detrás del escándalo de espionaje. Según Aguirre, nada tiene que investigar el PP, puesto que el caso está en manos de la fiscalía y de un juzgado. "Aquí, en la Comunidad, no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada parecido", sostuvo ayer. Y lanzó una advertencia: "el alcalde de Madrid, o cualquiera que dé por buena esa información de El País , tendrá que probarlo o rectificar. O nos veremos en los tribunales". Tan segura dice estar Aguirre de que desde su gobierno no se han impulsado prácticas de espionaje que ayer dijo poner "la mano en el fuego" por sus consejeros, informa Fidel Masreal. Eso incluye a su responsable de Interior, Francisco Granados, señalado como jefe de un equipo de expolicías y exguardias civiles que, supuestamente, realizó seguimientos a otros políticos del PP. Eso sí, ella advirtió que si alguien posee una "prueba" que afecte a alguno de sus colaboradores, este "será expulsado, tenga el nivel que tenga".

Y es que, según Aguirre, ella es la más perjudicada por todas las informaciones que han salido a la luz, aunque insistió en que no hay que demostrar la inocencia, sino la culpabilidad.

Sin embargo, el equipo deRajoy, como hiciera el miércolesen TVE el alcalde, AlbertoRuiz-Gallardón, discrepa yda crédito a las crónicas periodísticassobre esa supuestared de espionaje. Para intentarllegar a una conclusión alrespecto, Cospedal llamaráuno por uno a los supuestosespiados y a Granados, queayer dejó claro que no se lepasa por la cabeza dimitir.Pero el enfrentamiento deAguirre y de sus consejeroscon Rajoy se extiende hastasalpicar a Gallardón, que haaseverado que la Comunidadno puede contar con un cuerpo"parapolicial". El vicepresidenteGonzález y el consejeroGranados respondieron enrueda de prensa, ayer, que, siexiste alguna estructura parapolicial,es la heredada del socialistaJoaquín Leguina y,principalmente, de la etapaen que el mismo Gallardónpresidía la Comunidad, cuandoreformó el modelo de seguridadautonómico.

CONNIVENCIA / Tras incidir enque la denuncia sobre la tramade espionaje es "una granmentira", se desmarcaron dela tesis esgrimida por el vicesecretariodel PP, EstebanGonzález Pons. El portavozacusó al Ministerio del Interiorde "connivencia" con losespías, que, a su juicio, precisarondel apoyo de las fuerzasde seguridad para cotejar lasmatrículas de quienes sereunían con los vigilados.La salida de Pons no gustóal equipo de Aguirre ni a supartido. Nadie le siguió, quizáporque cualquier ciudadanopuede averiguar quién es elpropietario de un vehículo,según fuentes de la DirecciónGeneral de Tráfico consultadaspor este diario. En el2008, la Tráfico tramitó sietemillones de informes relacionadoscon las placas.

No obstante, el jefe del Ejecutivo,José Luis RodríguezZapatero, respondió a las insinuacionesdesde Zamora. Calificóde "chiste malo" que elPP (o a uno de sus miembros)se atreva a exigir responsabilidadesa Interior ante un tematan "serio". "Saben muy biena quién tienen que mirar",afirmó un presidente, que dijoir "de asombro en asombro",informa Pilar Santos.