El juez Fernando Grande-Marlaska decidió ayer sentar en el banquillo al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramón Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez por dos delitos de falsedad documental por los errores de identificación de 30 de los 62 militares fallecidos en Turquía el 23 de mayo del 2003 en un Yak-42.

El magistrado además declara responsable civil subsidiario al Estado e impone una fianza de dos millones de euros a cada mando para que reparen los daños morales causados a los familiares de los fallecidos. El juez reabrió este caso el pasado 29 de abril por orden de la sala penal de la Audiencia Nacional, que anuló su decisión de archivar la investigación del 22 de noviembre del 2007. Este proceso se tramita por el procedimiento abreviado, que exige que se abra juicio oral contra los imputados si lo solicitan el fiscal y las acusaciones particulares y populares. La ley impide al magistrado tomar otra decisión y su auto de apertura de juicio oral es firme.

LAS PETICIONES Por esta razón, Marlaska se limita en su resolución a recoger las peticiones de las acusaciones y a decidir que el juicio debe ser celebrado por la sala penal de la Audiencia. También impone las medidas cautelares que le han solicitado el fiscal y las acusaciones en sus respectivos escritos. El teniente fiscal, Fernando Burgos, imputa a los militares dos delitos de falsedad documental. Y reclama cinco años de prisión para Navarro y cuatro y medio para Ramírez y Sáez. En su escrito, acusa a Navarro de "rellenar" de forma arbitraria y "caprichosa" los espacios que habían dejado en blanco las autoridades turcas ante la imposibilidad de identificar a los fallecidos en el accidente del Yak. Por su parte, Ramírez y Sáez, según la fiscalía, realizaron un informe de autopsia de forma aleatoria. Las cuatro acusaciones particulares, que representan a los familiares de los fallecidos, solicitan penas de entre tres y seis años de prisión por falsedad en documento oficial de los 30 certificados médicos de defunción y de "las autopsias falsas expedidas en España, en las que se afirma que se elaboraron en Turquía". Las acusaciones coinciden en las cuantías que reclaman para subsanar "los daños materiales y morales" ocasionados a las familias por los errores de identificación. Muchos familiares recibieron los cuerpos de otras personas que enterraron o incineraron. Después descubrieron que no eran los restos de sus allegados. Marlaska admitió los fallos de identificación cuando archivó el caso, pero concluyó que la conducta de los responsables no era delictiva. Ahora, impone una fianza de dos millones de euros a cada militar en concepto de responsabilidad civil. Los mandos militares disponen de un día para depositar la cantidad antes de que el juzgado proceda al embargo de sus bienes. Además, el Estado ha sido declarado responsable civil subsidiario, por ser los acusados funcionarios públicos.

LAS PRUEBAS Las acusaciones solicitaron en sus escritos que en el juicio declaren casi 50 testigos, entre ellos el expresidente del Gobierno José María Aznar y los exministros de Defensa Federico Trillo y José Bono. Además de esta investigación, Marlaska tramita otra por la contratación del Yak-42 siniestrado en Turquía. De momento, ya han declarado otros cinco altos mandos militares como imputados.