Un pulso en toda regla. La absolución de Arnaldo Otegi, tras la decisión del fiscal de retirar la acusación de enaltecimiento al terrorismo, ha dejado al descubierto la guerra soterrada que desde hace meses mantienen los jueces penales de la Audiencia Nacional con la fiscalía que dirige el progresista Javier Zaragoza.
La sección cuarta hizo pública ayer la sentencia absolutoria en la que declara probado que el líder de Batasuna habría cometido un enaltecimiento a ETA por participar en un acto de homenaje a la terrorista Olaia Kastresana, fallecida en el 2001 cuando manipulaba una bomba. Para los jueces, las palabras de Otegi deberían haber sido castigadas con uno a dos años de cárcel, ya que supusieron un "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares".
LAS CRITICAS Sin embargo, el tribunal explica que se ve obligado a absolver a Otegi tras cargar contra la actuación del fiscal. Los jueces le reprochan que haya tardado 10 minutos en bajar a la sala de vistas, que hiciera "acto de presencia, de forma conjunta" con la abogada del líder de Batasuna, "sin toga" y que se dedicara a presentar recursos en los días previos al inicio del juicio.
Además, el tribunal aprovecha su resolución para justificar algunas de sus polémicas decisiones. Por ejemplo, explica que ordenó la detención de Otegi después de que su abogada, Jone Goricelaia, le informara de que no podía trasladarse a Madrid por carretera debido al temporal y que había vuelto a su casa. La Guardia Civil, según la versión de los jueces, comunicó que se podía circular sin problemas.
En la resolución, se declara probado que Otegi ya ha sido condenado a seis años de cárcel por un delito de detención ilegal --pena que ya ha cumplido-- y a un año de cárcel por injurias al Rey. También que participó en ese acto de homenaje "con perfecto conocimiento de la pertenencia a ETA de la fallecida".
La sentencia causó indignación a la fiscalía por el tono y las recriminaciones a uno de sus miembros. El fiscal jefe, Javier Zaragoza, volvió a defender la actuación de su subordinado, Fernando Burgos, en este caso. En un comunicado tildó la redacción del fallo judicial de "un hecho insólito y sin precedentes en la historia judicial". Para el ministerio público, las críticas recibidas por actuación responden a criterios políticos.
También recriminó que los magistrados hayan asumido "funciones acusatorias" que no le corresponden. Por ello, les acusó de "evidente falta de imparcialidad". Asimismo, les reprochó que no hayan cumplido debidamente con su trabajo, porque tenían la facultad de proponer al fiscal que acusara por otro delito y no lo hicieron.
El tribunal aceptó la posición del fiscal, que tras celebrar el juicio contra Otegi retiró la acusación. El ministerio público explicó que las palabras del líder aberzale eran "deleznables, deplorables e irritantes", pero rechazó que fueran delictivas. El presidente del tribunal, Fernando Bermúdez, explicó entonces al líder de Batasuna que podía "abandonar libremente la sala".
LA RESPUESTA Fuentes fiscales han informado de que tras esta decisión, estudian acudir al Consejo General del Poder Judicial por considerar que los jueces se han extralimitado en sus funciones. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo estudia querellarse contra el fiscal general, el fiscal jefe y el fiscal del caso con el propósito de atacar al Gobierno.
