El Tribunal Constitucional (TC) dictaminó ayer que la entrada en vigor de la nueva Constitución de la UE no obligará a reformar la Carta Magna española para adaptar su contenido al del Tratado europeo. La resolución del Constitucional, vinculante para el Gobierno, es consecuencia de la consulta que le formuló el Ejecutivo el 5 de noviembre y ha sido apoyada por 9 de los 12 magistrados del tribunal.
La consulta se hizo a instancias del Consejo de Estado, que había sugerido la posibilidad de que la aplicación de la Euroconstitución obligara a una reforma previa de la española, con la consiguiente disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
El artículo 1.6 de la Carta Magna europea señala que "la Constitución y el derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a ésta primarán sobre el derecho de los Estados miembros". A juicio del TC, esta circunstancia está ya contemplada en el artículo 93 de la Constitución española.
El Constitucional tampoco aprecia contradicciones entre la norma fundamental española y dos artículos de la Euroconstitución, referidos a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
