El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha declarado hoy competente para instruir el "caso Gürtel", que hasta ahora llevaba el juez Baltasar Garzón, aunque ha preguntado al fiscal si debería enviarlo al Tribunal Supremo, ya que parte de los investigados son aforados en la Comunidad Valenciana.
En un auto, el tribunal justifica su competencia en que en las actuaciones "aparecen, entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación, la posible percepción" por parte de tres diputados autonómicos madrileños "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas de personas imputadas".
Se trata, añade la resolución, de la que ha sido ponente el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, de los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.
El auto desgrana los indicios de la implicación de cada uno de ellos y, así, dice que "declaraciones de alguno de los imputados apuntan a la intervención de López Viejo, aprovechando sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia), para favorecer a alguna de esas empresas".
Añade que "en la documentación incautada, representativa de una Contabilidad "B", parecen corresponder algunos de los apuntes a cantidades entregadas a esta persona (López Viejo) por personas vinculadas a sociedades adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas".
Las mismas declaraciones y documentación "son indicativas de la posible realización por Martín Vasco -durante su etapa como consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal S.A., vinculada al Ayuntamiento de Arganda del Rey-, de labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos desarrollados en ese Ayuntamiento". También hay indicios de la "percepción" por parte de este diputado regional "de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".
Por último, el TSJM dice que "las mismas diligencias ponen de manifiesto que Bosch Tejedor (...), cuando desempeñaba su cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa, favorecidas por la intermediación de aquél".
El tribunal recuerda que la doctrina del Supremo exige que, para que un órgano como el TSJM asuma la investigación de una causa, debe darse "no sólo la concreción de las personas aforadas, sino la presencia inicial de un principio de indicios relevantes que permitan deducir una cierta consistencia de la imputación que habría de realizarse a continuación a tales personas".
Así, los magistrados han considerado que los hechos que resultan de esos indicios "reúnen, inicialmente, los caracteres de infracciones penales que podrían corresponder" a los delitos de cohecho o de tráfico de influencias.
Además de declararse competente para investigar a estos tres aforados, el TSJM reclama "la inmediata remisión" de todas las actuaciones seguidas por Garzón, ya que considera que entre los hechos susceptibles de ser imputados a los diputados regionales y el resto de las actividades ilícitas que se atribuyen al resto de los imputados "parece existir una gran vinculación".
"El entramado societario constituido por algunos de los imputados estaba dirigido a obtener irregularmente beneficios a través contratos logrados con distintas Administraciones Públicas por métodos similares a los que afectan a estos aforados, en los que estarían implicadas otras autoridades o funcionarios públicos", explica el tribunal. Por ello, la sala concluye que "la investigación conjunta, en un solo procedimiento, de todas esas actividades resulta así esencial".
El problema puede surgir si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que Garzón remitió la parte de la causa, también se declara competente para investigar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; y al secretario general del PP en esa Comunidad Autónoma, Ricardo Costa; ambos aforados.
En este sentido, el TSJM recuerda que "es criterio del Tribunal Supremo (...) que cuando en una misma causa aparecen responsables personas aforadas de dos Comunidades Autónomas diferentes, corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el conocimiento de la causa", por lo que ha acordado solicitar a la Fiscalía su parecer sobre esta cuestión.
