Según informaron fuentes del Alto Tribunal, el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y doce magistrados se reunirán a puerta cerrada para deliberar sobre el recurso de De Juana, que permanece en huelga de hambre desde el pasado 7 de noviembre tras conocer la última sentencia de la Audiencia Nacional que lo condenó. El Pleno, que está compuesto por quince magistrados, contará en esta ocasión con trece debido a la reciente jubilación de José Antonio Martín Pallín y Siro García -que han quedado como magistrados eméritos pero no participan en los plenos-, plazas que serán cubiertas por Manuel Marchena Gómez y Luciano Varela Castro, respectivamente, pero que aún no han tomado posesión del cargo.
Por su parte, la Fiscalía propone al Supremo mantener la condena que la Audiencia Nacional impuso a De Juana por amenazar a cinco responsables de prisiones y al presidente de la sala de lo penal de ese tribunal, Javier Gómez Bermúdez, en dos artículos publicados en Gara en 2004, aunque, alternativamente, propondrá modificarla por una pena de 4 años, lo que ya ofreció en el juicio.
En la vista oral, el fiscal retiró la acusación por el delito de pertenencia a banda armada y en lugar de atribuirle seis delitos de amenazas terroristas propuso al tribunal la alternativa de imponerle una pena de 13 años por un delito de amenazas terroristas o de 4 años, si entendía que incurrió en un delito de coacciones en concurso con otro de enaltecimiento del terrorismo.
La Fiscalía, que sostendrá que no debe cuestionarse la resolución dictada por la Audiencia Nacional, defiende, no obstante, la imposición de 4 años de cárcel porque es "indiscutible que el tono" de los dos artículos, que fueron considerados amenazantes, es "apologístico, respecto de lo que se denomina el colectivo de presos vascos y las razones que motivaron su ingreso en prisión".
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) reclama 96 años de cárcel para el etarra -la misma pena que pedía el fiscal antes de modificar sus conclusiones provisionales en la vista-, ya que solicita que se le condene por un delito de pertenencia en organización terrorista, mientras que la defensa de De Juana reclama la libre absolución de su cliente.
El procesamiento de De Juana por estos hechos impidió su excarcelación prevista para agosto de 2005 y desde que el pasado noviembre fue condenado por la Audiencia Nacional a la citada pena el preso etarra ha mantenido una huelga de hambre que ha puesto en peligro su vida.
Por ello, la Fiscalía solicitó decretar la prisión atenuada del etarra en su domicilio, bajo vigilancia policial, lo que fue rechazado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 25 de enero.
El pasado jueves el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó su decisión de mantener al preso etarra en prisión preventiva y hospitalizado, y de que se le siga alimentando forzosamente para paliar las consecuencias de la huelga de hambre que mantiene.
