Varapalo judicial al Gobierno del expresidente José María Aznar. El Tribunal Supremo anuló ayer el acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado en agosto del 2003, que suspendió la petición de extradición solicitada por el juez Baltasar Garzón contra 39 militares argentinos implicados en los crímenes cometidos durante la dictaduras de 1976 a 1983. El Ejecutivo del PP argumentó que no tramitaba la petición porque Argentina había anulado la ley de punto final que impedía juzgar a los militares implicados en esos crímenes.
Garzón pidió a la justicia argentina que abriera un proceso contra esos mandos militares, liberados al paralizarse la demanda de extradición. A los generales Luciano Menéndez y Antonio Bussi y al almirante Armando Lambruschini, entre otros militares, el magistrado español les imputó delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
DECISION INCUESTIONABLE El Supremo explica que en este tipo de demandas el Gobierno sólo puede actuar como correo de la petición del juez. También afirma que los magistrados son los únicos competentes para formular esas demandas, tras haber instruido un proceso penal. Por ello, sostiene que el Ejecutivo no puede "cuestionar en modo alguno la decisión" del juez.
Además, el alto tribunal explica que la demanda de Garzón cumplía los requisitos establecidos en el convenio suscrito entre España y Argentina. Por ello, declara ilegal el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros bajo la presidencia de Aznar.
El Supremo también recrimina al Ejecutivo del PP que se arrogara una facultad que sólo corresponde a la justicia argentina y al Gobierno de ese país. El alto tribunal considera que las autoridades argentinas son las competentes para denegar la petición del juez Garzón, ya que pueden alegar que han abierto un proceso penal en su país contra esas personas y que tienen prioridad para investigarlas.
