El Ministerio de Defensa pagó más de tres millones de euros en comisiones por la contratación de aviones basura , similares a los Yak-42. Así se desprende de la revisión de todos los contratos que se formalizaron durante los años 2002 y 2003 a través de la agencia Namsa de la OTAN, cuando era ministro de Defensa Federico Trillo, del PP.
Fueron decenas de vuelos de transporte de personal y de material. A lo largo del año 2002, Defensa contrató, a través de Namsa, 24 aviones Tupolev, Yakovlev y Tristar con destino a Afganistán e Irak. En el 2003 se realizaron otras 20 contrataciones de aviones Antonov e Il-76.
GASTO CAMUFLADO El coste fue en casi todos los casos similar a las tarifas que cobraban las compañías occidentales, que, sin embargo, no fueron consultadas y, en algunos casos, se negaron a volar a zonas de alto riesgo. El gasto de las contrataciones se realizaba con cargo a créditos extraordinarios destinados a sufragar las misiones militares en el extranjero y quedaba integrado en las ingentes masas monetarias que, en el 2002, ascendieron a 323.128 millones de euros (53.763.992 millones de pesetas).
Sin embargo, el rastreo de los 44 contratos realizados por Defensa a través de Namsa con compañías de los antiguos países del Este ha permitido descubrir elevadas comisiones y una cadena de irregularidades parecidas a las que han comenzado a salir a la luz a raíz del accidente del Yak-42, en el que hace dos años murieron 62 militares españoles.
Las comisiones a través de intermediarios --en el caso del avión siniestrado fueron seis-- superaban los 100.000 dólares o 80.645 euros por vuelo. La falta de revisión de aviones era habitual. Los contratantes tampoco vigilaban la suscripción y satisfacción de las pólizas de seguro. Los militares fallecidos del Yak carecían de seguro firme.
Las comisiones que pagó Defensa fueron superiores a tres millones de euros, según la cifra estimada por los técnicos de Defensa. Pero todavía se desconoce el destino real del dinero.
AL PARLAMENTO La revisión de los 44 contratos, incluido el del Yak-42, será llevada por el ministro José Bono al Parlamento. IU- ICV ha solicitado su comparecencia urgente y ERC reclama una comisión investigadora. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se comprometió a intervenir en el asunto "si existía materia y las familias lo pedían". Hasta el momento sólo hay dos generales imputados por los errores de identificación de los cadáveres.
