La Generalitat de Cataluña ya tiene lista la propuesta sobre financiación sanitaria que el dirigente catalán, Pasqual Maragall, llevará a la próxima reunión plenaria de la conferencia de presidentes autonómicos.
El documento, al que ha tenido acceso este diario, propone al Gobierno un amplio paquete de medidas para sufragar el gasto sanitario: desde la subida de los impuestos que gravan el tabaco y el alcohol hasta la creación de "tasas de baja intensidad" que sirvan para reformular el actual sistema de copago y eviten "una utilización inadecuada" de los servicios sanitarios.
El informe se ha sintetizado en un "resumen ejecutivo" que desgrana 36 medidas concretas. Confeccionado a partir de las 77 propuestas del informe Vilardell, obra de un grupo de expertos, el texto del tripartito incluye algunas iniciativas de nuevo cuño.
Para paliar el déficit anual de la sanidad catalana, que cifra en 500 millones de euros, la Generalitat cree necesario dotar de más recursos a la sanidad pública y, "a la vez, mejorar globalmente el sistema de financiación de las comunidades autónomas". Un planteamiento que casa con la decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de abordar una reforma global del modelo de financiación en la cumbre de presidentes de este verano.
Con vistas a ese encuentro, el Ejecutivo catalán insta al Estado a acometer "un incremento de los tipos de los impuestos sobre el tabaco, las bebidas alcohólicas y/u otros, y que el incremento de recursos afecte a la sanidad". Con el modelo de financiación en vigor, las autonomías gestionan el 40% de la recaudación de los impuestos especiales --que gravan el alcohol, el tabaco y los carburantes--, pero sólo pueden imponer un pequeño recargo --el céntimo sanitario-- sobre las gasolinas. El aumento, pues, debería decidirlo el Gobierno, que sin embargo estudia, entre otras medidas, ampliar la corresponsabilidad fiscal de las autonomías para que puedan subir algunos tributos.
En el capítulo tributario, el tripartito catalán invita al Ejecutivo a "eximir a los centros de la red sanitaria de utilización pública del IBI el IAE", compensando a ayuntamientos, devolviendo a los centros sanitarios el IVA que pagan por sus compras.
EL PADRON A la vez que se compromete a corregir cada año su presupuesto sanitario según los "incrementos poblacionales", la Generalitat pide al Gobierno que incluya en el sistema de financiación un "mecanismo de liquidación que tenga en cuenta los cambios en la población", en su volumen y estructura de edades, usando como base el registro de la tarjeta sanitaria individual (TSI) en vez del padrón. Otra demanda es "incrementar y mejorar la redistribución de los fondos de cohesión" para garantizar el pago de la atención a desplazados y extranjeros.
La última de las 36 ofertas, excluida del capítulo financiero, es que Estado y autonomías, tras mejorar la financiación sanitaria, estudien fórmulas de copago disuasorio: cobrar por algunos servicios sanitarios --que no especifica-- "tasas de baja intensidad". Las cantidades por determinar que pagasen los usuarios de la salud pública no tendrían "carácter recaudatorio", y los ingresos repercutirían "de forma visible en la salud pública".
"JUSTICIA SOCIAL" La Generalitat quiere revisar "por razones de justicia social" el copago actual, por el que todos los pacientes, salvo los pensionistas, pagan el 40% del precio de los fármacos que les prescribe la sanidad pública. El informe sugiere imponer tasas sobre "nuevas prestaciones no esenciales" de las que quedarían eximidos "subgrupos poblaciones vulnerables".
