El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) considera que hay indicios de posible financiación ilegal en el PP valenciano, que dirige Francisco Camps. Así se desprende del auto que emitió ayer la sala de lo civil y penal de dicho tribunal y que, entre otras cosas, subraya que la querella presentada por los socialistas valencianos en este sentido y, especialmente, el informe policial que la acompañaba "contienen hechos de posible significación delictiva, que necesariamente se han de investigar para averiguar los mismos".

PARA EVITAR DISFUNCIONES Eso sí, desde el Tribunal de Justicia valenciano se añade que, según su criterio, debe ser el juez del Tribunal de Madrid que instruye la causa general del caso Gürtel, Antonio Pedreira, quien investigue también las posibles irregularidades de las cuentas de los conservadores valencianos, a fin de evitar posibles disfunciones procedimentales.

Con este último argumento --que coincide con las tesis ya esgrimidas por el ministerio fiscal cuando se les consultó el asunto--, el tribunal de Valencia ha decidido declararse incompetente para estudiar el posible delito, pasándole la pelota al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Sin embargo, los populares valencianos recibieron ayer con optimismo el auto del tribunal, ya que se aferraron a que queda demostrado que, al menos por el momento, "no hay aforados" de su comunidad vinculados a esta trama. De paso, exigieron la dimisión del líder de los socialistas de Valencia, Jorge Alarte, por ser el "autor intelectual" de la querella presentada por su partido por supuesta financiación ilegal de los populares.

CAMINO DESPEJADO Según fuentes conservadoras consultadas por la agencia Efe, esta última decisión judicial sirve para despejar el camino de Francisco Camps a la hora de repetir como candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas. Al tiempo, la sentencia le ayuda a "recobrar la credibilidad y fortaleza perdidas" en el seno del PP y, especialmente, en el seno de la dirección.

Un dirigente popular que sí se declaró ayer abiertamente "feliz" fue el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ya que la sección segunda de la Audiencia de Castellón decidió ayer sobreseer provisionalmente la causa que le investigaba por una supuesta falsedad documental, que podría haberle costado dos años de cárcel.