El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que investiga la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias desmantelada con la 'Operación Gürtel', remitió hoy una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que asegura haber encontrado indicios de delito en la actuación del tesorero nacional y senador del PP, Luis Bárcenas, el eurodiputado en funciones Gerardo Galeote y del diputado de esta formación en el Congreso Jesús Merino, informaron fuentes jurídicas.

En el escrito que ha elevado al alto tribunal, el instructor de la causa en el tribunal madrileño, Antonio Pedreira, señala que Bárcenas -que por su condición de aforado debería ser investigados por el Supremo- podría haber cometido un delito contra la hacienda pública y otro de cohecho, que también le atribuye a Merino.

En el caso del delito fiscal atribuido al senador, el juez pide a la Sala de lo Penal del Supremo que se declare competente con "carácter urgente" para investigar los hechos antes de que prescriban, lo que podría ocurrir en el plazo de un mes. Para ello, pide que Bárcenas, Merino y Galeote presten declaración ante este tribunal.

El alto tribunal, que no tiene plazo de tiempo para contestar, tendrá que decidir si asume únicamente la investigación contra Bárcenas y Merino o reclama al TSJM la totalidad de la causa, en la que, entre otros, están imputados el ex consejero Alberto López Viejo, los diputados Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch y los ex alcaldes de Boadilla, Pozuelo, Arganda y Majadahonda.

PAGOS DE LA 'CAJA B'

Los indicios detectados por Pedreira están recogidos en un informe de la Agencia Tributaria remitido la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción en el que se detallan los ingresos que Bárcenas y Merino habrían recibido de la presunta trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa, y que se detallan en el resumen de pagos de la 'caja B' de sus empresas.

A partir de este documento de la Agencia Tributaria, Anticorrupción remitió el pasado martes un informe a Pedreira en el que daba cuenta de la existencia de "indicios razonables" que apuntaban a la comisión de un delito fiscal por parte de Bárcenas y de Jesús Merino.