Lo dijo José María Aznar. "El PP es incompatible con la corrupción". Como otras proféticas sentencias del expresidente, la de la honradez congénita de su partido tampoco se ha cumplido. El territorio que en 1995 y de la mano del actual portavoz del PP y expresidente valenciano Eduardo Zaplana sirvió de lanzadera electoral para la victoria de Aznar aparece una década después minado de irregularidades. El caso Fabra, Terra Mítica, Ivex y Ciegsa son los nombres de los casos más sonados que están pasando de denuncias periodísticas o políticas a sumarios judiciales.

Cuando Aznar garantizó la honradez infinita del PP, ya conocía la grabación, declarada ilegal por un juez, en que Zaplana planteaba a un compañero su "necesidad" de hacerse rico en política mientras le pedía que compartieran el dinero de una comisión. Pero no fue hasta finales de 2003 cuando estalló el primer gran escándalo. Un empresario agraviado denunció que había pagado al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por influir ante el Gobierno de Aznar para aprobar licencias de plaguicidas agrícolas dudosos.

Multa por fraude fiscal

El denunciante, Vicent Vilar, guardaba mucha documentación. La maquinaria popular sufría su primera avería seria. Las denuncias de años del diario Levante sobre un contrato secreto negociado por Zaplana de cuatro millones de euros pagados por el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) a Julio Iglesias en paraísos fiscales sólo merecieron silencio oficial. Pero en octubre se supo que Hacienda lo había descubierto y multó al Ivex con 191.000 euros por fraude fiscal. Días después, un empleado despedido de la oficina de Miami confirmó la existencia del contrato.

El último capítulo del Ivex trata de los enchufes de familiares de cargos políticos becados por todo el mundo. Un sobrino de Zaplana estuvo en Nueva York sin saber inglés. Entre los ocho agraciados que se conocen hasta ahora están las hijas del chófer de Fabra y la del mismo político castellonense, y la del consejero autonómico de Infraestructuras, y su novio.

Lucha de familias

La descomposición interna del PP ha jugado a favor de la transparencia. Muchos en el PP piensan que el caso Fabra tiene ingredientes de venganza de Zaplana por la traición de Fabra al alinearse con el presidente Francisco Camps en la pugna por el control del partido.

El proceso judicial contra el alcalde de Orihuela tiene su origen en la quiebra del PP local. José Manuel Medina es afín a Camps en una zona controlada aún por los zaplanistas. Detrás del tránsfuga Francisco Tomás está, para muchos en el PP, la sombra del portavoz popular en el Congreso. Los campistas también han asestado golpes bajos. La multa de Hacienda al Ivex la reveló en un pleno autonómico un diputado alicantino afín a Camps. ¿Qué insinuaba el portavoz del Gobierno, Esteban González Pons, cuando afirmó que Terra Mítica dio todas las facilidades a la Agencia Tributaria para investigar el fraude de las facturas, perpetrado en el mandato de Zaplana?

El PP puede permitirse el lujo de usar la corrupción como arma arrojadiza porque las encuestas siguen dándole una holgada mayoría absoluta. No es un problema que preocupe a los ciudadanos en la medida en que el modelo económico basado en el urbanismo salvaje mantiene alto el crecimiento.

Corruptelas

Poco importa que al amparo de una ley urbanística muy permisiva las corruptelas ligadas a la construcción, como en Orihuela y Torrevieja, se hayan multiplicado. Los socialistas han apostado fuerte por convertir el asunto en el tema central del desgaste del Gobierno. La exigencia de responsabilidades es diaria. El PP apela a que sean los tribunales los que las diriman, en contra de su propio código ético que exige la expulsión del partido de todo imputado.

Los populares responden al contrataque, acusando a los socialistas de amparar la corrupción después de que un cargo del PSPV en Orihuela acusara al líder autonómico, Joan Ignasi Pla, de ir "a pasar el plato ante los empresarios" para financiar el partido. Poca munición, a la que hay que sumar la imputación de parcialidad contra el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo, casado con una diputada socialista.

En el caso de los becarios del Ivex, el argumento de defensa es que "son gente capacitada" y que se comete "una tremenda crueldad", en palabras del consejero autonómico de Empresa, Justo Nieto. No hay trato de favor, sino "una caza de brujas maccartista" sacando a relucir nombres de los becarios, según el portavoz González Pons.

Las elecciones del 2007 se acercan con la corrupción y la fractura interna enquistadas en el principal bastión del Partido Popular. El juicio del caso Fabra puede coincidir con la cita electoral en las urnas. Queda por ver si los votantes captarán las sombras o preferirán la luz del mar en la vela de los barcos de la Copa América.